MIÉRCOLES 26 DE MARZO, JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
SABADO 29 DE MARZO. DIA DEL JOVEN COMBATIENTE.
12 HORAS ROMERIA EN VILLA FRANCIA.
LUNES 31 DE MARZO. HUELGA NACIONAL DE SUBCONTRATISTAS DE CODELCO
4 DE ABRIL. CENA PRO FONDOS DE BRIGADA DE MEDIOCOS A BOLIVIA.
ADHESIÓN $5.000.
Protestas-protestas-protestas
Miércoles 19.- Continúa la huelga de los profesores y funcionarios del colegio Etchegoyen de Talcahuano y la consiguiente suspensión de clases, esto a una semana de iniciado este conflicto, sin que se avizore siquiera un principio de acuerdo.
Miércoles 19.- Tras cinco días de ocupación del pirquen Don Pedro 1, de la empresa COKECAR, en Maule, Coronel, sus ocupantes depusieron en estas últimas horas la movilización luego de lograr un acuerdo con la empresa.
Titulares.-
.- Notorio aumento de falsos avisos de bomba incrementa trabajo del Gope.
.- Dictan primeras condenas por muerte de tres militares en la Antártica.
.- En Nueva Imperial, la jueza y el fiscal avalan tortura y montajes policiales.
.- Fuentes militares confirman que EEUU utilizó la base de Manta en Ecuador para el ataque al campamento de las FARC.
DESARROLLO DE NOTICIAS
El Mostrador.cl
Notorio aumento de falsos avisos de bomba incrementa trabajo del Gope
La mañana este miércoles se inició con un falso aviso de bomba que afectó a las dependencias Chilevisión, para terminar por la tarde con un nuevo llamado, que esta vez alertó sobre la instalación de una bomba en los estacionamientos subterráneos de la municipalidad de Vitacura.
Un reguero de falsos avisos de bomba ha movilizado en los últimos días a la policía uniformada, recargando notoriamente el trabajo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE), que sólo este miércoles ha debido movilizar cuatro veces a sus efectivos. La mañana empezó movida para Carabineros luego que a las seis horas una llamada anónima alertara sobre la presencia de un supuesto explosivo en las dependencias de Chilevisión con motivo de la conmemoración a fin de mes del "día del joven combatiente". Hasta el lugar llegó personal del GOPE, quienes tras revisar exhaustivamente el lugar, con el apoyo de perros adiestrados, concluyeron que se trataba de una falsa alarma. En fuentes policiales se indicó que el individuo que efectuó el llamado señaló que la acción respondía al "Día del Joven Combatiente", que se conmemora el 29 de marzo por el asesinato en 1985 de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, ambos miembros del MIR. "Aquí hay un delito, es una amenaza de un atentado; las personas que hacen este tipo de llamadas se exponen a una pena. Está siendo investigado, se denuncia a los tribunales, porque es una situación grave", precisó el capitán de Carabineros Juan Carlos Rodríguez. "Nosotros no podemos discernir si esto es una broma o es verdad, primero está la seguridad de las personas y ante todo hay que evacuar para asegurar la integridad de las personas que habitan en el edificio", sostuvo el oficial. Posteriormente a las 11:00 horas una falsa alarma de bomba obligó a Carabineros a movilizarse hasta las dependencias del edificio de desarrollo comunitario de Puente Alto, ubicado frente al Centro de Justicia de la zona sur. El lugar fue profusamente inspeccionado por personal del GOPE que con el apoyo adiestrados descartó la existencia de algún tipo de artefacto explosivo. En tanto esta tarde a las 15:00 horas una nueva amenaza obligó a evacuar un edificio de oficinas ubicado frente al Parque Arauco. Un llamado anónimo alertaba sobre la instalación de un artefacto explosivo en el piso 16 del edificio corporativo Torre Kennedy, ubicado en el número N°5454 de la avenida del mismo nombre.. Un guardia de seguridad del edificio dio la alarma a la gente que estaba dentro y ayudó a evacuar por completo las instalaciones para facilitar el ingreso de la policía. Asimismo los estacionamientos subterráneos de la municipalidad de Vitacura fueron escenario la tarde de este miércoles de otra amenaza de bomba que movilizó nuevamente a personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) que revisó el lugar. La tarde del martes último por nueve minutos estuvo suspendido el servicio del Metro en la Línea 1, luego que una denuncia anónima al fono 133 de Carabineros alertara sobre la instalación de un artefacto explosivo en uno de los andenes de la estación Universidad de Chile. El objeto fue descubierto cerca de las 17:00 horas en el andén en dirección a Escuela Militar, por lo que guardias del Metro aislaron la zona a la espera de la llegada de los efectivos policiales. Al concurrir a las 17:17 horas integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros se toparon con el paquete sospechoso, siendo la zona fue evacuada y el tránsito de trenes interrumpido. Finalmente se comprobó que se trataba a un set de 20 pilas enrolladas al interior de una bolsa plástica, siendo el servicio de pasajeros reanudado con normalidad a las 17:26 horas. Asimismo el mismo martes, pero por la mañana, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) debió concurrir a los juzgados civiles ubicados en la esquina de Amunátegui con Huérfanos, en pleno centro de Santiago, luego de una amenaza de bomba contra dichas dependencias judiciales. El lugar fue completamente evacuado mientras los efectivos policiales efectuaban una exhaustiva revisión para hallar el supuesto artefacto explosivo el que nunca existió. Esta andanada de falsas amenazas de bomba se inició la noche del jueves último teniendo como escenario el Parque Arauco oportunidad en que unas 500 personas fueron desalojadas luego que a las 21:15 horas en el fono 133 se recibiera un llamado anónimo que alertaba de la instalación en el lugar de un artefacto explosivo. La policía desalojó específicamente el Boulevard donde medio millar de personas se encontraba cenando en los restaurantes del lugar y asistía a las salas de cine. Una persona que estaba en el sector relató que el desalojo se produjo en forma ordenada, sin embargo otros expresaron su molestia ya que no pudieron terminar de comer en los restaurantes, muchos de los cuales cerraron sus puertas definitivamente.
Terra.cl
Dictan primeras condenas por muerte de tres militares en la Antártica
SANTIAGO, marzo 19.- La justicia condenó a dos altos oficiales del Ejército por su responsabilidad en el denominado caso “Antártica”.Se trata de los Tenientes Coronel Mauricio Toro y Armando Ibáñez, condenados a cinco años y un día de presidio como autor de cuasi delito de homicidio reiterado y a cinco años de presidio por cuasi delito de homicidio más 541 días por el delito de falsedad, respectivamente.La condena fue dictada por el general y fiscal militar Luis Torres, siendo ambos notificados de su sentencia esta mañana.Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre del año 2005, donde murió el capitán Enrique Encina y los suboficiales Jorge Basualto y Fernando Burbua, luego de caer en una grieta de 30 metros en plena Antártica.Los militares fallecieron al interior del carro oruga en el que viajaban, propiedad de la Base O’Higgins.
Rebelión.org
Juicio por atentado contra la empresa Forestal Mininco
En Nueva Imperial, la jueza y el fiscal avalan tortura y montajes policiales
Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión
Nueve años de cárcel por los supuestos delitos de incendio y porte de armas solicitó el 14 de marzo de este año en Nueva Imperial (Región de la Araucanía) la fiscal Vania Arancibia contra los presos políticos mapuche Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco y el comunero Roberto Painemil Parra. La negativa de la jueza Claudia Sánchez Slater a acoger denuncias de tortura que invalidarían los cargos, y la citada acusación del fiscal ilustran el funcionamiento de los tribunales chilenos en juicios de indígenas. Justamente por este tipo de hechos se está pidiendo una visita a terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para comprobar la “manipulación y el hostigamiento del Estado y la justicia” utilizados contra luchadores sociales que defienden su derecho a la tierra o su facultad de elegir su propio modelo de desarrollo. Los peticionarios fueron José Aylwin y Adolfo Millabur, co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y alcalde de Tirúa, respectivamente, el pasado 10 de marzo en Washington, durante el 131º período de sesiones de la entidad dependiente de la OEA.
La jueza de garantía Claudia Sánchez desestimó de hecho en la audiencia pública la denuncia de tortura formulada ante ella por el preso político mapuche Roberto Painemil Parra, acogiendo en cambio una declaración que había sido suscrita por él horas después de ser detenido por un grupo paramilitar en diciembre de 2006. La magistrada negó la libertad condicional para ambos encausados, que pasaron más de un año en “prisión preventiva” sin ser llevados a juicio oral, pero fueron sindicados en la prensa como autores del atentado incendiario contra maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de ese año. La audiencia preparatoria del juicio oral, a realizarse en Temuco, será probablemente el 18 de Abril. A partir de entonces, habrá un plazo mínimo de 45 días y máximo de sesenta.
Incendio y porte de armas
La fiscal Arancibia –representando los intereses de la poderosa Mininco y de la Intendencia de Cautín- los acusó de los delitos de incendio y porte de armas. Sin embargo, horas antes del citado atentado incendiario, Painemil había sido entregado a carabineros por un grupo de civiles armados con escopetas. La acusación contra él sólo se sustenta en una confesión obtenida bajo tortura, en la que también Painemil inculpó a Héctor Llaitul. Pero el procesado se negó a ratificar su confesión ante la jueza.
Por su parte, Héctor Llaitul, de profesión asistente social (Universidad de Concepción), quien se encontraba en la clandestinidad por la persecución judicial contra la Coordinadora Arauco Malleco, fue capturado en Concepción el 22 de febrero de 2007 y formalizado sobre la base de los dichos iniciales de Painemil. En el caso de Llaitul, la acusación actual de porte de armas no se sostiene, pues en Concepción, en el juicio oral realizado en agosto de 2007, ya fue sentenciado por el juez Adolfo Cisternas con una multa equivalente a 55 días de prisión – ampliamente cumplidos- porque al ser detenido portaba ilegalmente una pistola Taurus, debidamente inscrita. No se le puede juzgar de nuevo por el mismo delito.
La acusación de la fiscal Arancibia se conoció el 14 de marzo, apenas cuatro días después que José Aylwin denunciara ante los comisionados de la OEA que en la zona mapuche los asesinatos de jóvenes mapuche y las denuncias de trato degradante (tortura) y violencia policial excesiva competen a la justicia militar, por lo cual los responsables permanecen en la impunidad.
Aylwin fue el primero en conocer en febrero de 2007 las denuncias de Painemil, quien fue torturado por varias horas en la Comisaría de Cholchol. Se le obligó a firmar documentos redactados por los interrogadores, los cuales fueron entregados a la fiscal Vania Arancibia. Fue así como Painemil se autoinculpó del atentado incendiario, incriminando también bajo amenazas y golpes, a Héctor Llaitul Carrillanca, mapuche-huilliche, a quien no conocía.
Un año detenido sin defensa
Painemil estuvo preso todo el año 2007 en la cárcel de Lautaro, luego de ser formalizado por la jueza Karina Rubio que lo dejó en prisión preventiva durante todo el año que durara la investigación. En diciembre pasado debía haberse realizado la primera audiencia pública. Fue suspendida porque Jaime López, el defensor tardíamente asignado por el tribunal, no se presentó. Nuevamente se suspendió la audiencia “por exceso de trabajo” el lunes 7 de enero de este año, en medio de la conmoción provocada por el asesinato de Matías Catrileo (ocurrido el 3 de enero) y cuando toda la comunidad Yeupeko Filcún (Vilcún) y los grupos de apoyo de los presos políticos se alistaban para hacerse presentes en Nueva Imperial. En la tercera fecha fijada, el 11 de enero, la audiencia tampoco se realizó, porque no había traductor, y Painemil declara en mapudungun.
El abogado López no visitó oportunamente a Painemil ni pidió su libertad en todo ese período. Finalmente este inculpado logra comparecer el 18 de febrero de 2008 ante la jueza Sánchez Slater, y ratifica en la audiencia pública lo que ha declarado a organismos de derechos humanos, sobre haber sido sometido a tortura en el retén policial. No hubo prensa en la audiencia, y sólo se autorizó el ingreso de familiares de los inculpados. Pamela Pessoa, esposa de Héctor Llaitul - y madre de sus cuatro hijos, Lautaro(13), Lincoyam(12, Neyen(10), y Pelentaro (4) - escuchó a Painemil declarar ante la jueza que él fue golpeado en múltiples ocasiones en el estómago y el corazón, que le torcieron los brazos, y que jamás se le leyeron sus derechos ni se le presentó abogado defensor alguno.
Señaló asimismo Painemil ante la magistrada, que había sido obligado a acusar a "el Negro", supuesto apodo de Héctor Llaitul. Al responder las preguntas del abogado Ricardo Cáceres, defensor público de Llaitul, Painemil negó haber conocido previamente al dirigente mapuche.
En la audiencia siguiente, el 4 de marzo, ambos abogados pidieron el cierre de la investigación y la libertad de sus defendidos, pero la jueza Sánchez sólo aceptó lo primero, de manera que la Fiscalía presentó el 14 de marzo la acusación.
Para poder seguir el juicio, Pamela Pessoa debe trasladarse a Imperial ya que vive en Ranquilhue (Tirúa), sector lago Lleu/ Lleu, uno de los epicentros del conflicto chileno-mapuche. Ella solidarizó activamente con la huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles y otros presos políticos mapuche, entre los cuales estaba su propio marido. Héctor Llaitul permaneció 81 días sin ingerir alimentos, en apoyo a las demandas de libertad de todos los presos políticos y el cese de la represión a las comunidades.
Civiles armados y carabineros
En la declaración difundida en octubre pasado por el Comité de apoyo a los Presos Políticos Leftraru, Painemil denunciaba que su detención fue practicada por un grupo civil. Según informó la prensa local en su momento (Diario Austral, 26 de diciembre de 2006), se trata de una “Junta de Vigilancia” organizada por el mayor de carabineros de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, Jorge Aguirre. Painemil estaba en su camioneta cuando, según afirma, fue rodeado “por un grupo de civiles que me decían andas robando, eres un ladrón; revisaron mi camioneta y dijeron ‘aquí hay armas’. Yo nunca anduve con armas y ahí me tenían, ellos andaban todos armados con escopeta, rozón y palos. Y por fin llamaron a carabineros…que me iban a buscar otra vez y me llevaban a otro rincón del patio, me torcían los brazos y me decían que cooperara con la justicia. Luego me volvían a meter en el calabozo, me sacaban fotos, me filmaban, después me sacaron otra vez y me encerraron en el baño que estaba cerca del calabozo, ahí quedé con uno solo que me empezó a palmetear en la cara. Eran como 6 o 10 personas que me tenían castigándome, venían unos después de otro y así me encerraron como tres veces en el baño, era un baño chico y una vez trajeron como una maquinita, no sé bien lo que era, pero tenía unos cables y me la mostraban y me dijeron ¿usted sabe lo que es esto? Yo tenía mucho miedo, tiritaba, me decían que hablara o me iban a fundir en la cárcel y mi familia la iba a pasar muy mal. Ellos corren peligro, me decía uno. Yo vivo con mi mamá y papá, ellos son personas mayores, mi mamá está enferma, me decían que iban saliendo a mi casa y que iban a amarrar a mi mamá, la iban a esposar y a mi papá igual.”
A más de un año de ocurridos estos hechos, otro grupo paramilitar entra en escena, ahora en la comuna de Ercilla.
Paramilitares incendiarios
En la mañana del 3 de marzo pasado, según denunciaron representantes de la asediada comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla, un atentado incendiario afectó 45 hectáreas de bosque nativo y pino insigne y la casa de un comunero. Aseguran que el incendio fue provocado por un grupo de particulares armados que ingresaron a la comunidad junto a efectivos de Investigaciones y se retiraron precipitadamente cuando se declaró el fuego. CONAF se negó a acudir a apagar el incendio. Los grandes medios no informaron del hecho.
Sostienen en su declaración los comuneros: “Queda claramente demostrado que muchos de los incendios y quemas de propiedades privadas y predios forestales de las que se nos acusan son intencionales (realizadas por agentes del estado o los mismos propietarios), provocando y justificando la persecución de dirigentes y comuneros que nada tienen que ver con estos hechos, pero sí con apoyar la justa lucha reivindicativa que lleva adelante nuestro Pueblo-Nación Mapuche.”
El caso de Temucuicui también fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una evidencia del hostigamiento y la violencia policial de que son objeto mujeres, niños, ancianos y luchadores sociales mapuche, en allanamientos en los que la policía utiliza helicópteros y armas de guerra, en ocasiones para acusar de abigeato a los comuneros. El propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la comunidad Temucuicui cuenta con permanente protección policial que incluye un helicóptero, fuerzas especiales y vehículos policiales. Urban ha logrado que los miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto de permanentes detenciones y amedrentamientos, cuando circulan por el camino público que separa ambos predios. A esto se agrega ahora la presencia de grupos paramilitares que pueden generar situaciones de grave riesgo para los habitantes de Temucuicui, como ya se vio en el incendio reciente.
Rebelión.org
Fuentes militares confirman que EEUU utilizó la base de Manta en Ecuador para el ataque al campamento de las FARC
Kintto Lucas
IPS
Fuentes militares y diplomáticas vinculan la Base Aérea de Manta, operada por Estados Unidos en territorio ecuatoriano, con el ataque al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC en el que murió "Raúl Reyes".
La base, situada unos 230 kilómetros al sudoeste de Quito, en una ciudad portuaria sobre el océano Pacífico, fue cedida en 1999 y por 10 años a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur. Un alto oficial militar ecuatoriano, que pidió no divulgar su nombre, aseguró a IPS que "una buena parte de los mandos" tienen "la convicción de que Estados Unidos fue cómplice del ataque" lanzado el 1 de marzo en territorio de Ecuador contra el campamento que las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tenían muy cerca de la frontera colombiana. "Desde el año 2000, cuando se inició el Plan Colombia, se consolidó una alianza estratégica de Estados Unidos y Colombia, primero para combatir a la insurgencia y luego para involucrar a los países vecinos en esa guerra. Lo que ocurre hoy es una consecuencia de aquello", aseguró el militar. El Plan Colombia es ejecutado por Bogotá para combatir a la insurgencia y el tráfico de drogas, con apoyo y financiación de Estados Unidos. Para el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, se debe investigar si la base de Manta fue utilizada para el ataque y, según el convenio firmado por Washington y Quito, corresponde a las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizar esa auditoría. El convenio entre Ecuador y Estados Unidos establece que las instalaciones de Manta sólo pueden destinarse al control antinarcóticos. Sandoval aclaró que no podía divulgar ningún detalle hasta que esa investigación se llevara a cabo. Pero la fuente militar aseguró a IPS que se deben "ubicar sobre todo los vuelos salidos de la base durante los veinte días anteriores al bombardeo, quiénes iban a bordo, sus rutas y qué investigaban, y complementarlo con otras indagaciones y antecedentes". El jueves 13, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador dijo que había sostenido "una conversación con la embajadora (estadounidense) Linda Jewell, y nos ha asegurado que los aviones allí presentes no han tenido ningún involucramiento" en el ataque. Pero la fuente militar aseguró que "la tecnología utilizada, primero para detectar el blanco, o sea el campamento, y luego para atacarlo, es de Estados Unidos". El ministro Sandoval ha dicho que en el bombardeo se emplearon "equipos que no tenemos las fuerzas armadas latinoamericanas". "Arrojaron más o menos cinco ‘smart bombs’ (bombas inteligentes)" utilizadas por Estados Unidos en la guerra del Golfo (1991) "con una precisión impresionante" y un margen de error de un metro "de noche, en aviones a gran velocidad", agregó. La fuente militar consultada por IPS dijo que "un ataque con bombas 'smart' exige que los pilotos tengan experiencia en ese tipo de operativos, y quienes la tienen son los norteamericanos (estadounidenses). Por eso creo que ellos hicieron el trabajo y luego le dijeron a los colombianos 'ahora vayan a buscar los cuerpos', entonces aparecieron los helicópteros y las tropas colombianas" en el lugar, sostuvo. La versión oficial del gobierno de Colombia, reseñada por una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó ambos países, afirma que se emplearon 10 bombas "convencionales", lanzadas desde cinco aviones Super Tucano, de fabricación brasileña, y desde tres A-37, estadounidenses. Los A-37 "lanzaron bombas guiadas por GPS (Sistema de Posicionamiento Global, satelital)" y los "cinco Super Tucano disponen de medios tecnológicos suficientes para lanzar bombas a objetivos con un margen de error de cinco metros", indica el informe de la OEA. De acuerdo con las fuentes de IPS, el papel estadounidense podría ser incluso mayor en el episodio que acabó con la vida de Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y de otras 24 personas y que llevó a la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá. La fuente militar dijo a IPS que los pilotos que condujeron el bombardeo en la provincia ecuatoriana y amazónica de Sucumbíos "eran estadounidenses, posiblemente de la empresa DynCorp", proveedora de equipamiento bélico y mercenarios, que tiene contratos en el marco del Plan Colombia. Esas aeronaves salieron de la Base Aérea de Tres Esquinas, en el sureño departamento colombiano de Caquetá, dijo el oficial. "Los aviones utilizados para fumigar las plantaciones de coca o para atacar a la guerrilla son pilotados por militares norteamericanos en servicio o al servicio de empresas como DynCorp", aseguró el militar. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que su gobierno no permitirá "que afecte suelo patrio ningún soldado extranjero, sea regular o irregular. Por eso en el 2009 las bases extranjeras se terminarán". El convenio sobre Manta finalizará el 12 de noviembre de 2009, pero la presencia de militares estadounidenses en esa base y puerto ecuatorianos puede prolongarse un año más, hasta 2010. "Luego del periodo inicial de diez (10) años, cualquiera de las partes podrá denunciar este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de notificación", establece el convenio. Una comisión de la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el lunes el capítulo sobre soberanía territorial de la futura carta magna. Uno de sus artículos afirma que "Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas de seguridad extranjeras". Si Ecuador quiere poner fin a la cesión de Manta debería denunciar el convenio ahora, dijeron a IPS fuentes diplomáticas. Podrían alegarse "muchas causas: la participación directa o indirecta (de fuerzas estadounidenses de Manta) en el bombardeo, la negligencia por no haber detectado con su tecnología el campamento de las FARC, primero, y el ataque, después, y, en caso de haberlo hecho, por no haber informado a las autoridades del país socio, que es Ecuador", alegaron las fuentes. Otra razón en la que podría fundarse la denuncia ecuatoriana es el apoyo directo prestado por el Comando Sur de Estados Unidos, del cual depende Manta, a las Fuerzas Armadas de Colombia. El jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, dijo el 6 de este mes ante el Comité de los Servicios Armados del Senado de su país que estaba monitoreando el movimiento de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia la frontera con Colombia. "Con el continuo apoyo de Estados Unidos, Colombia está a punto de ganar la paz y hacer irreversibles sus exitosos avances contra el terrorismo", dijo y aseguró que esa guerrilla "ha sido reducida ahora a unos 9.000 combatientes, de los 17.500 que eran en 2002". Stavridis visitó Colombia en febrero. En julio de 2001, el coronel retirado Fausto Cobo, ex director de la Escuela de Guerra del ejército ecuatoriano, había dicho a IPS que "Manta, para el propósito del Plan Colombia", es un "portaaviones en tierra de Estados Unidos". Hasta abril de ese año, cuando empezaron los trabajos para ampliar la pista de Manta, un promedio de 100 efectivos participaban en hasta tres misiones diarias utilizando el avión espía F3. Una fuente diplomática de Estados Unidos anunció entonces al diario británico The Financial Times que para octubre se sumarían 200 efectivos más y otros tantos en los meses subsiguientes. Luego de la ampliación, se comenzaron a utilizar aviones más grandes y sofisticados para misiones de reconocimiento. Manta es una de las cuatro "ubicaciones de operaciones de avance", junto con Curaçao, Aruba y El Salvador, que forman la red estadounidense de bases antidrogas en América Latina y el Caribe. En agosto de 2006, el diario Expreso de Guayaquil informó que pilotos colombianos operaban en conjunto con pilotos ecuatorianos en vuelos desde la base de Manta. El comandante del escuadrón de aviones Awacs (Sistema Aéreo de Alerta y Control, por su sigla en inglés) de Manta, Rich Boyd, aseguró al periódico que un oficial colombiano pilotaba una de esas aeronaves. Según Boyd, cuando se volaba sobre Ecuador, el colombiano se retiraba de la cabina de tripulación para no acceder a información confidencial de este país. De modo análogo, cuando se sobrevolaba territorio de Colombia, el ecuatoriano era quien se apartaba, con igual propósito. De acuerdo con Boyd, de los 27 aviones Awacs que poseía Estados Unidos, tres estaban en Manta. Cada aparato cuesta 1.000 millones de dólares, casi el doble del presupuesto de la Fuerza Aérea ecuatoriana en 2005.
El militar estadounidense explicó que mediante esta aeronave se pueden monitorear todas las conversaciones de radio y señales de radar en un radio de 321,8 kilómetros.
Semanas antes de esa denuncia, el entonces comandante estadounidense de la base de Manta, Javier Delucca, aseguró que esa instalación es clave para el Plan Colombia, con lo que dio a entender que Ecuador estaba involucrado en actividades antiguerrilleras en el vecino país.
SABADO 29 DE MARZO. DIA DEL JOVEN COMBATIENTE.
12 HORAS ROMERIA EN VILLA FRANCIA.
LUNES 31 DE MARZO. HUELGA NACIONAL DE SUBCONTRATISTAS DE CODELCO
4 DE ABRIL. CENA PRO FONDOS DE BRIGADA DE MEDIOCOS A BOLIVIA.
ADHESIÓN $5.000.
Protestas-protestas-protestas
Miércoles 19.- Continúa la huelga de los profesores y funcionarios del colegio Etchegoyen de Talcahuano y la consiguiente suspensión de clases, esto a una semana de iniciado este conflicto, sin que se avizore siquiera un principio de acuerdo.
Miércoles 19.- Tras cinco días de ocupación del pirquen Don Pedro 1, de la empresa COKECAR, en Maule, Coronel, sus ocupantes depusieron en estas últimas horas la movilización luego de lograr un acuerdo con la empresa.
Titulares.-
.- Notorio aumento de falsos avisos de bomba incrementa trabajo del Gope.
.- Dictan primeras condenas por muerte de tres militares en la Antártica.
.- En Nueva Imperial, la jueza y el fiscal avalan tortura y montajes policiales.
.- Fuentes militares confirman que EEUU utilizó la base de Manta en Ecuador para el ataque al campamento de las FARC.
DESARROLLO DE NOTICIAS
El Mostrador.cl
Notorio aumento de falsos avisos de bomba incrementa trabajo del Gope
La mañana este miércoles se inició con un falso aviso de bomba que afectó a las dependencias Chilevisión, para terminar por la tarde con un nuevo llamado, que esta vez alertó sobre la instalación de una bomba en los estacionamientos subterráneos de la municipalidad de Vitacura.
Un reguero de falsos avisos de bomba ha movilizado en los últimos días a la policía uniformada, recargando notoriamente el trabajo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE), que sólo este miércoles ha debido movilizar cuatro veces a sus efectivos. La mañana empezó movida para Carabineros luego que a las seis horas una llamada anónima alertara sobre la presencia de un supuesto explosivo en las dependencias de Chilevisión con motivo de la conmemoración a fin de mes del "día del joven combatiente". Hasta el lugar llegó personal del GOPE, quienes tras revisar exhaustivamente el lugar, con el apoyo de perros adiestrados, concluyeron que se trataba de una falsa alarma. En fuentes policiales se indicó que el individuo que efectuó el llamado señaló que la acción respondía al "Día del Joven Combatiente", que se conmemora el 29 de marzo por el asesinato en 1985 de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, ambos miembros del MIR. "Aquí hay un delito, es una amenaza de un atentado; las personas que hacen este tipo de llamadas se exponen a una pena. Está siendo investigado, se denuncia a los tribunales, porque es una situación grave", precisó el capitán de Carabineros Juan Carlos Rodríguez. "Nosotros no podemos discernir si esto es una broma o es verdad, primero está la seguridad de las personas y ante todo hay que evacuar para asegurar la integridad de las personas que habitan en el edificio", sostuvo el oficial. Posteriormente a las 11:00 horas una falsa alarma de bomba obligó a Carabineros a movilizarse hasta las dependencias del edificio de desarrollo comunitario de Puente Alto, ubicado frente al Centro de Justicia de la zona sur. El lugar fue profusamente inspeccionado por personal del GOPE que con el apoyo adiestrados descartó la existencia de algún tipo de artefacto explosivo. En tanto esta tarde a las 15:00 horas una nueva amenaza obligó a evacuar un edificio de oficinas ubicado frente al Parque Arauco. Un llamado anónimo alertaba sobre la instalación de un artefacto explosivo en el piso 16 del edificio corporativo Torre Kennedy, ubicado en el número N°5454 de la avenida del mismo nombre.. Un guardia de seguridad del edificio dio la alarma a la gente que estaba dentro y ayudó a evacuar por completo las instalaciones para facilitar el ingreso de la policía. Asimismo los estacionamientos subterráneos de la municipalidad de Vitacura fueron escenario la tarde de este miércoles de otra amenaza de bomba que movilizó nuevamente a personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) que revisó el lugar. La tarde del martes último por nueve minutos estuvo suspendido el servicio del Metro en la Línea 1, luego que una denuncia anónima al fono 133 de Carabineros alertara sobre la instalación de un artefacto explosivo en uno de los andenes de la estación Universidad de Chile. El objeto fue descubierto cerca de las 17:00 horas en el andén en dirección a Escuela Militar, por lo que guardias del Metro aislaron la zona a la espera de la llegada de los efectivos policiales. Al concurrir a las 17:17 horas integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros se toparon con el paquete sospechoso, siendo la zona fue evacuada y el tránsito de trenes interrumpido. Finalmente se comprobó que se trataba a un set de 20 pilas enrolladas al interior de una bolsa plástica, siendo el servicio de pasajeros reanudado con normalidad a las 17:26 horas. Asimismo el mismo martes, pero por la mañana, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) debió concurrir a los juzgados civiles ubicados en la esquina de Amunátegui con Huérfanos, en pleno centro de Santiago, luego de una amenaza de bomba contra dichas dependencias judiciales. El lugar fue completamente evacuado mientras los efectivos policiales efectuaban una exhaustiva revisión para hallar el supuesto artefacto explosivo el que nunca existió. Esta andanada de falsas amenazas de bomba se inició la noche del jueves último teniendo como escenario el Parque Arauco oportunidad en que unas 500 personas fueron desalojadas luego que a las 21:15 horas en el fono 133 se recibiera un llamado anónimo que alertaba de la instalación en el lugar de un artefacto explosivo. La policía desalojó específicamente el Boulevard donde medio millar de personas se encontraba cenando en los restaurantes del lugar y asistía a las salas de cine. Una persona que estaba en el sector relató que el desalojo se produjo en forma ordenada, sin embargo otros expresaron su molestia ya que no pudieron terminar de comer en los restaurantes, muchos de los cuales cerraron sus puertas definitivamente.
Terra.cl
Dictan primeras condenas por muerte de tres militares en la Antártica
SANTIAGO, marzo 19.- La justicia condenó a dos altos oficiales del Ejército por su responsabilidad en el denominado caso “Antártica”.Se trata de los Tenientes Coronel Mauricio Toro y Armando Ibáñez, condenados a cinco años y un día de presidio como autor de cuasi delito de homicidio reiterado y a cinco años de presidio por cuasi delito de homicidio más 541 días por el delito de falsedad, respectivamente.La condena fue dictada por el general y fiscal militar Luis Torres, siendo ambos notificados de su sentencia esta mañana.Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre del año 2005, donde murió el capitán Enrique Encina y los suboficiales Jorge Basualto y Fernando Burbua, luego de caer en una grieta de 30 metros en plena Antártica.Los militares fallecieron al interior del carro oruga en el que viajaban, propiedad de la Base O’Higgins.
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En Nueva Imperial, la jueza y el fiscal avalan tortura y montajes policiales
Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión
Nueve años de cárcel por los supuestos delitos de incendio y porte de armas solicitó el 14 de marzo de este año en Nueva Imperial (Región de la Araucanía) la fiscal Vania Arancibia contra los presos políticos mapuche Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco y el comunero Roberto Painemil Parra. La negativa de la jueza Claudia Sánchez Slater a acoger denuncias de tortura que invalidarían los cargos, y la citada acusación del fiscal ilustran el funcionamiento de los tribunales chilenos en juicios de indígenas. Justamente por este tipo de hechos se está pidiendo una visita a terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para comprobar la “manipulación y el hostigamiento del Estado y la justicia” utilizados contra luchadores sociales que defienden su derecho a la tierra o su facultad de elegir su propio modelo de desarrollo. Los peticionarios fueron José Aylwin y Adolfo Millabur, co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y alcalde de Tirúa, respectivamente, el pasado 10 de marzo en Washington, durante el 131º período de sesiones de la entidad dependiente de la OEA.
La jueza de garantía Claudia Sánchez desestimó de hecho en la audiencia pública la denuncia de tortura formulada ante ella por el preso político mapuche Roberto Painemil Parra, acogiendo en cambio una declaración que había sido suscrita por él horas después de ser detenido por un grupo paramilitar en diciembre de 2006. La magistrada negó la libertad condicional para ambos encausados, que pasaron más de un año en “prisión preventiva” sin ser llevados a juicio oral, pero fueron sindicados en la prensa como autores del atentado incendiario contra maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de ese año. La audiencia preparatoria del juicio oral, a realizarse en Temuco, será probablemente el 18 de Abril. A partir de entonces, habrá un plazo mínimo de 45 días y máximo de sesenta.
Incendio y porte de armas
La fiscal Arancibia –representando los intereses de la poderosa Mininco y de la Intendencia de Cautín- los acusó de los delitos de incendio y porte de armas. Sin embargo, horas antes del citado atentado incendiario, Painemil había sido entregado a carabineros por un grupo de civiles armados con escopetas. La acusación contra él sólo se sustenta en una confesión obtenida bajo tortura, en la que también Painemil inculpó a Héctor Llaitul. Pero el procesado se negó a ratificar su confesión ante la jueza.
Por su parte, Héctor Llaitul, de profesión asistente social (Universidad de Concepción), quien se encontraba en la clandestinidad por la persecución judicial contra la Coordinadora Arauco Malleco, fue capturado en Concepción el 22 de febrero de 2007 y formalizado sobre la base de los dichos iniciales de Painemil. En el caso de Llaitul, la acusación actual de porte de armas no se sostiene, pues en Concepción, en el juicio oral realizado en agosto de 2007, ya fue sentenciado por el juez Adolfo Cisternas con una multa equivalente a 55 días de prisión – ampliamente cumplidos- porque al ser detenido portaba ilegalmente una pistola Taurus, debidamente inscrita. No se le puede juzgar de nuevo por el mismo delito.
La acusación de la fiscal Arancibia se conoció el 14 de marzo, apenas cuatro días después que José Aylwin denunciara ante los comisionados de la OEA que en la zona mapuche los asesinatos de jóvenes mapuche y las denuncias de trato degradante (tortura) y violencia policial excesiva competen a la justicia militar, por lo cual los responsables permanecen en la impunidad.
Aylwin fue el primero en conocer en febrero de 2007 las denuncias de Painemil, quien fue torturado por varias horas en la Comisaría de Cholchol. Se le obligó a firmar documentos redactados por los interrogadores, los cuales fueron entregados a la fiscal Vania Arancibia. Fue así como Painemil se autoinculpó del atentado incendiario, incriminando también bajo amenazas y golpes, a Héctor Llaitul Carrillanca, mapuche-huilliche, a quien no conocía.
Un año detenido sin defensa
Painemil estuvo preso todo el año 2007 en la cárcel de Lautaro, luego de ser formalizado por la jueza Karina Rubio que lo dejó en prisión preventiva durante todo el año que durara la investigación. En diciembre pasado debía haberse realizado la primera audiencia pública. Fue suspendida porque Jaime López, el defensor tardíamente asignado por el tribunal, no se presentó. Nuevamente se suspendió la audiencia “por exceso de trabajo” el lunes 7 de enero de este año, en medio de la conmoción provocada por el asesinato de Matías Catrileo (ocurrido el 3 de enero) y cuando toda la comunidad Yeupeko Filcún (Vilcún) y los grupos de apoyo de los presos políticos se alistaban para hacerse presentes en Nueva Imperial. En la tercera fecha fijada, el 11 de enero, la audiencia tampoco se realizó, porque no había traductor, y Painemil declara en mapudungun.
El abogado López no visitó oportunamente a Painemil ni pidió su libertad en todo ese período. Finalmente este inculpado logra comparecer el 18 de febrero de 2008 ante la jueza Sánchez Slater, y ratifica en la audiencia pública lo que ha declarado a organismos de derechos humanos, sobre haber sido sometido a tortura en el retén policial. No hubo prensa en la audiencia, y sólo se autorizó el ingreso de familiares de los inculpados. Pamela Pessoa, esposa de Héctor Llaitul - y madre de sus cuatro hijos, Lautaro(13), Lincoyam(12, Neyen(10), y Pelentaro (4) - escuchó a Painemil declarar ante la jueza que él fue golpeado en múltiples ocasiones en el estómago y el corazón, que le torcieron los brazos, y que jamás se le leyeron sus derechos ni se le presentó abogado defensor alguno.
Señaló asimismo Painemil ante la magistrada, que había sido obligado a acusar a "el Negro", supuesto apodo de Héctor Llaitul. Al responder las preguntas del abogado Ricardo Cáceres, defensor público de Llaitul, Painemil negó haber conocido previamente al dirigente mapuche.
En la audiencia siguiente, el 4 de marzo, ambos abogados pidieron el cierre de la investigación y la libertad de sus defendidos, pero la jueza Sánchez sólo aceptó lo primero, de manera que la Fiscalía presentó el 14 de marzo la acusación.
Para poder seguir el juicio, Pamela Pessoa debe trasladarse a Imperial ya que vive en Ranquilhue (Tirúa), sector lago Lleu/ Lleu, uno de los epicentros del conflicto chileno-mapuche. Ella solidarizó activamente con la huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles y otros presos políticos mapuche, entre los cuales estaba su propio marido. Héctor Llaitul permaneció 81 días sin ingerir alimentos, en apoyo a las demandas de libertad de todos los presos políticos y el cese de la represión a las comunidades.
Civiles armados y carabineros
En la declaración difundida en octubre pasado por el Comité de apoyo a los Presos Políticos Leftraru, Painemil denunciaba que su detención fue practicada por un grupo civil. Según informó la prensa local en su momento (Diario Austral, 26 de diciembre de 2006), se trata de una “Junta de Vigilancia” organizada por el mayor de carabineros de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, Jorge Aguirre. Painemil estaba en su camioneta cuando, según afirma, fue rodeado “por un grupo de civiles que me decían andas robando, eres un ladrón; revisaron mi camioneta y dijeron ‘aquí hay armas’. Yo nunca anduve con armas y ahí me tenían, ellos andaban todos armados con escopeta, rozón y palos. Y por fin llamaron a carabineros…que me iban a buscar otra vez y me llevaban a otro rincón del patio, me torcían los brazos y me decían que cooperara con la justicia. Luego me volvían a meter en el calabozo, me sacaban fotos, me filmaban, después me sacaron otra vez y me encerraron en el baño que estaba cerca del calabozo, ahí quedé con uno solo que me empezó a palmetear en la cara. Eran como 6 o 10 personas que me tenían castigándome, venían unos después de otro y así me encerraron como tres veces en el baño, era un baño chico y una vez trajeron como una maquinita, no sé bien lo que era, pero tenía unos cables y me la mostraban y me dijeron ¿usted sabe lo que es esto? Yo tenía mucho miedo, tiritaba, me decían que hablara o me iban a fundir en la cárcel y mi familia la iba a pasar muy mal. Ellos corren peligro, me decía uno. Yo vivo con mi mamá y papá, ellos son personas mayores, mi mamá está enferma, me decían que iban saliendo a mi casa y que iban a amarrar a mi mamá, la iban a esposar y a mi papá igual.”
A más de un año de ocurridos estos hechos, otro grupo paramilitar entra en escena, ahora en la comuna de Ercilla.
Paramilitares incendiarios
En la mañana del 3 de marzo pasado, según denunciaron representantes de la asediada comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla, un atentado incendiario afectó 45 hectáreas de bosque nativo y pino insigne y la casa de un comunero. Aseguran que el incendio fue provocado por un grupo de particulares armados que ingresaron a la comunidad junto a efectivos de Investigaciones y se retiraron precipitadamente cuando se declaró el fuego. CONAF se negó a acudir a apagar el incendio. Los grandes medios no informaron del hecho.
Sostienen en su declaración los comuneros: “Queda claramente demostrado que muchos de los incendios y quemas de propiedades privadas y predios forestales de las que se nos acusan son intencionales (realizadas por agentes del estado o los mismos propietarios), provocando y justificando la persecución de dirigentes y comuneros que nada tienen que ver con estos hechos, pero sí con apoyar la justa lucha reivindicativa que lleva adelante nuestro Pueblo-Nación Mapuche.”
El caso de Temucuicui también fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una evidencia del hostigamiento y la violencia policial de que son objeto mujeres, niños, ancianos y luchadores sociales mapuche, en allanamientos en los que la policía utiliza helicópteros y armas de guerra, en ocasiones para acusar de abigeato a los comuneros. El propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la comunidad Temucuicui cuenta con permanente protección policial que incluye un helicóptero, fuerzas especiales y vehículos policiales. Urban ha logrado que los miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto de permanentes detenciones y amedrentamientos, cuando circulan por el camino público que separa ambos predios. A esto se agrega ahora la presencia de grupos paramilitares que pueden generar situaciones de grave riesgo para los habitantes de Temucuicui, como ya se vio en el incendio reciente.
Rebelión.org
Fuentes militares confirman que EEUU utilizó la base de Manta en Ecuador para el ataque al campamento de las FARC
Kintto Lucas
IPS
Fuentes militares y diplomáticas vinculan la Base Aérea de Manta, operada por Estados Unidos en territorio ecuatoriano, con el ataque al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC en el que murió "Raúl Reyes".
La base, situada unos 230 kilómetros al sudoeste de Quito, en una ciudad portuaria sobre el océano Pacífico, fue cedida en 1999 y por 10 años a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur. Un alto oficial militar ecuatoriano, que pidió no divulgar su nombre, aseguró a IPS que "una buena parte de los mandos" tienen "la convicción de que Estados Unidos fue cómplice del ataque" lanzado el 1 de marzo en territorio de Ecuador contra el campamento que las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tenían muy cerca de la frontera colombiana. "Desde el año 2000, cuando se inició el Plan Colombia, se consolidó una alianza estratégica de Estados Unidos y Colombia, primero para combatir a la insurgencia y luego para involucrar a los países vecinos en esa guerra. Lo que ocurre hoy es una consecuencia de aquello", aseguró el militar. El Plan Colombia es ejecutado por Bogotá para combatir a la insurgencia y el tráfico de drogas, con apoyo y financiación de Estados Unidos. Para el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, se debe investigar si la base de Manta fue utilizada para el ataque y, según el convenio firmado por Washington y Quito, corresponde a las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizar esa auditoría. El convenio entre Ecuador y Estados Unidos establece que las instalaciones de Manta sólo pueden destinarse al control antinarcóticos. Sandoval aclaró que no podía divulgar ningún detalle hasta que esa investigación se llevara a cabo. Pero la fuente militar aseguró a IPS que se deben "ubicar sobre todo los vuelos salidos de la base durante los veinte días anteriores al bombardeo, quiénes iban a bordo, sus rutas y qué investigaban, y complementarlo con otras indagaciones y antecedentes". El jueves 13, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador dijo que había sostenido "una conversación con la embajadora (estadounidense) Linda Jewell, y nos ha asegurado que los aviones allí presentes no han tenido ningún involucramiento" en el ataque. Pero la fuente militar aseguró que "la tecnología utilizada, primero para detectar el blanco, o sea el campamento, y luego para atacarlo, es de Estados Unidos". El ministro Sandoval ha dicho que en el bombardeo se emplearon "equipos que no tenemos las fuerzas armadas latinoamericanas". "Arrojaron más o menos cinco ‘smart bombs’ (bombas inteligentes)" utilizadas por Estados Unidos en la guerra del Golfo (1991) "con una precisión impresionante" y un margen de error de un metro "de noche, en aviones a gran velocidad", agregó. La fuente militar consultada por IPS dijo que "un ataque con bombas 'smart' exige que los pilotos tengan experiencia en ese tipo de operativos, y quienes la tienen son los norteamericanos (estadounidenses). Por eso creo que ellos hicieron el trabajo y luego le dijeron a los colombianos 'ahora vayan a buscar los cuerpos', entonces aparecieron los helicópteros y las tropas colombianas" en el lugar, sostuvo. La versión oficial del gobierno de Colombia, reseñada por una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó ambos países, afirma que se emplearon 10 bombas "convencionales", lanzadas desde cinco aviones Super Tucano, de fabricación brasileña, y desde tres A-37, estadounidenses. Los A-37 "lanzaron bombas guiadas por GPS (Sistema de Posicionamiento Global, satelital)" y los "cinco Super Tucano disponen de medios tecnológicos suficientes para lanzar bombas a objetivos con un margen de error de cinco metros", indica el informe de la OEA. De acuerdo con las fuentes de IPS, el papel estadounidense podría ser incluso mayor en el episodio que acabó con la vida de Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y de otras 24 personas y que llevó a la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá. La fuente militar dijo a IPS que los pilotos que condujeron el bombardeo en la provincia ecuatoriana y amazónica de Sucumbíos "eran estadounidenses, posiblemente de la empresa DynCorp", proveedora de equipamiento bélico y mercenarios, que tiene contratos en el marco del Plan Colombia. Esas aeronaves salieron de la Base Aérea de Tres Esquinas, en el sureño departamento colombiano de Caquetá, dijo el oficial. "Los aviones utilizados para fumigar las plantaciones de coca o para atacar a la guerrilla son pilotados por militares norteamericanos en servicio o al servicio de empresas como DynCorp", aseguró el militar. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que su gobierno no permitirá "que afecte suelo patrio ningún soldado extranjero, sea regular o irregular. Por eso en el 2009 las bases extranjeras se terminarán". El convenio sobre Manta finalizará el 12 de noviembre de 2009, pero la presencia de militares estadounidenses en esa base y puerto ecuatorianos puede prolongarse un año más, hasta 2010. "Luego del periodo inicial de diez (10) años, cualquiera de las partes podrá denunciar este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de notificación", establece el convenio. Una comisión de la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el lunes el capítulo sobre soberanía territorial de la futura carta magna. Uno de sus artículos afirma que "Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas de seguridad extranjeras". Si Ecuador quiere poner fin a la cesión de Manta debería denunciar el convenio ahora, dijeron a IPS fuentes diplomáticas. Podrían alegarse "muchas causas: la participación directa o indirecta (de fuerzas estadounidenses de Manta) en el bombardeo, la negligencia por no haber detectado con su tecnología el campamento de las FARC, primero, y el ataque, después, y, en caso de haberlo hecho, por no haber informado a las autoridades del país socio, que es Ecuador", alegaron las fuentes. Otra razón en la que podría fundarse la denuncia ecuatoriana es el apoyo directo prestado por el Comando Sur de Estados Unidos, del cual depende Manta, a las Fuerzas Armadas de Colombia. El jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, dijo el 6 de este mes ante el Comité de los Servicios Armados del Senado de su país que estaba monitoreando el movimiento de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia la frontera con Colombia. "Con el continuo apoyo de Estados Unidos, Colombia está a punto de ganar la paz y hacer irreversibles sus exitosos avances contra el terrorismo", dijo y aseguró que esa guerrilla "ha sido reducida ahora a unos 9.000 combatientes, de los 17.500 que eran en 2002". Stavridis visitó Colombia en febrero. En julio de 2001, el coronel retirado Fausto Cobo, ex director de la Escuela de Guerra del ejército ecuatoriano, había dicho a IPS que "Manta, para el propósito del Plan Colombia", es un "portaaviones en tierra de Estados Unidos". Hasta abril de ese año, cuando empezaron los trabajos para ampliar la pista de Manta, un promedio de 100 efectivos participaban en hasta tres misiones diarias utilizando el avión espía F3. Una fuente diplomática de Estados Unidos anunció entonces al diario británico The Financial Times que para octubre se sumarían 200 efectivos más y otros tantos en los meses subsiguientes. Luego de la ampliación, se comenzaron a utilizar aviones más grandes y sofisticados para misiones de reconocimiento. Manta es una de las cuatro "ubicaciones de operaciones de avance", junto con Curaçao, Aruba y El Salvador, que forman la red estadounidense de bases antidrogas en América Latina y el Caribe. En agosto de 2006, el diario Expreso de Guayaquil informó que pilotos colombianos operaban en conjunto con pilotos ecuatorianos en vuelos desde la base de Manta. El comandante del escuadrón de aviones Awacs (Sistema Aéreo de Alerta y Control, por su sigla en inglés) de Manta, Rich Boyd, aseguró al periódico que un oficial colombiano pilotaba una de esas aeronaves. Según Boyd, cuando se volaba sobre Ecuador, el colombiano se retiraba de la cabina de tripulación para no acceder a información confidencial de este país. De modo análogo, cuando se sobrevolaba territorio de Colombia, el ecuatoriano era quien se apartaba, con igual propósito. De acuerdo con Boyd, de los 27 aviones Awacs que poseía Estados Unidos, tres estaban en Manta. Cada aparato cuesta 1.000 millones de dólares, casi el doble del presupuesto de la Fuerza Aérea ecuatoriana en 2005.
El militar estadounidense explicó que mediante esta aeronave se pueden monitorear todas las conversaciones de radio y señales de radar en un radio de 321,8 kilómetros.
Semanas antes de esa denuncia, el entonces comandante estadounidense de la base de Manta, Javier Delucca, aseguró que esa instalación es clave para el Plan Colombia, con lo que dio a entender que Ecuador estaba involucrado en actividades antiguerrilleras en el vecino país.
