Protestas- protestas-protesta
Miércoles 13.- Cerca de 30 mil dólares diarios pierde la salmonera Aguas Claras con el cierre de su planta de Calbuco, hoy fue tomada por su trabajadores un cuarto centro de cultivos, mientras éstos aseguran que no detendrán sus movilizaciones.
Miércoles 13. Hay un grupo de vecinos de La Pintana que está exigiendo a las autoridades que reparen parte de los daños y las molestias que han sufrido con la paralización de las obras de la autopista Acceso Sur. Proponen la expropiación como una forma de solucionar sus problemas.
Miércoles 13.- Organismos pro-derechos humanos denunciaron golpizas y torturas en contra del pueblo mapuche. Esto a raíz de la tensión política surgida en el sur. El Gobierno se manifestó abierto a la creación de una entidad con rango ministerial, para guardar así los temas indígenas.
Titulares.-
.- Trabajadores realizan nueva toma de centro de cultivo "Coluli" de Aguas Claras.
.- Trabajadores de Aguas Claras anuncian demanda internacional por dumping contra la empresa.
.- Mapuches: Relator ONU critica aplicación de ley antiterrorista.
.- Declaración Publica de Comunidad Mapuche de Temucuicui.
.- Washington y Bogotá contra Hugo Chávez por Salim Lamrani
DESARROLLO DE NOTICIAS
Terra.cl
Puerto Montt
Trabajadores realizan nueva toma de centro de cultivo "Coluli" de Aguas Claras
Según informó la empresa, "las instalaciones de los centros de cultivo que se encuentran tomados involucran inversiones por a lo menos US$16 millones". Sin embargo, al mismo tiempo aclaró que debido a las movilizaciones, "aún no se han podido cuantificar los daños2.
PUERTO MONTT, febrero 13.- Otro centro de cultivo de peces se agregó hoy a las tomas efectuadas por los trabajadores de la empresa Aguas Claras. Según informó la propia compañía, el centro Colulí, situado en el Lago Chapo, fue hoy tomado por los trabajadores. El centro Colulí se agrega a los otros cuatro centros de cultivo de peces -Canutillar, Serapio, Quetén y Desague-, que se encuentran tomados desde el lunes último. De los centros de cultivo tomados, sólo en Quetén se depuso la movilización. Por lo tanto, actualmente hay 4 centros que están ocupados. "Las instalaciones de esos centros de cultivos tomados involucran inversiones por a lo menos US$16 millones. Sin embargo, dado que no ha sido posible tener acceso a ellos, aún no se han podido cuantificar los daños ni la situación de los peces", agregó mediante un comunicado la empresa.
La Tercera
Trabajadores de Aguas Claras anuncian demanda internacional por dumping contra la empresa
el tercer día de huelga legal de la salmonera Aguas Claras, un grupo de trabajadores se manifestó en la Plaza de Armas de Puerto Montt, donde realizaron una olla común.
En medio de la actividad, y tras recibir apoyo de otras organizaciones gremiales e incluso de comunidades mapuches, el dirigente del sindicato de la empresa Juan Teneb anunció la presentación de una demanda internacional en contra de la salmonera, acusándola de dumping social y laboral, la que incluso podría verse extendida a otras empresas del sector.
"La vamos a presentar porque en general las empresas cuando hay algún tipo de huelga o movilización, procesan el producto en otras empresas con trabajadores suministrados o subcontratados a menor costo del que les costaría hacer esa producción con sus propios trabajadores. Es el caso de Aguas Claras que está maquilando en Trusal, en Agroindustrial Santa Cruz, en Primar y en Ventisqueros por lo que tenemos entendido. En esas empresas están produciendo a un costo mas bajo que en su planta, y eso es derechamente dumping laboral y social y los vamos a acusar internacionalmente si es que no se arregla la situación de los trabajadores", aseguró el dirigente a La Tercera.com.
Teneb indicó que la demanda se presentaría "a través de la OIT o algún organismo internacional".
Carabineros mantiene constante vigilancia en distintas empresas en las que hoy se procesan salmones de la empresa en conflicto.
PARALIZACIONLa empresa mantiene tres centros tomados por los trabajadores, que no descartan ir más allá con su movilización. "Si esta situación se agrava, pretendemos expandir estas tomas al resto de los centros, no sólo de Aguas Claras, sino también de otras compañías, ya que estamos en conversaciones muy serias con los sindicatos de otras empresas del sector. Si esta cuestión no se soluciona luego se va a parar toda la industria del salmón", aseguró Juan Teneb.
El dirigente desestimó las versiones de la Salmonera respecto de las pérdidas que le acarrea la movilización y apuntó a que son los trabajadores los que han debido sufrir los mayores perjuicios.
"Yo le digo a la empresa que las mas grandes perdidas por este conflicto las tienen los trabajadores, que no han recibido un sueldo normal hace dos meses, y hoy, con la empresa cerrada hace un mes sin poder trabajar, sin poder llevar el sustento a sus hogares. Ya se viene la época escolar, y los trabajadores no van a tener ni un peso para mandar a sus niños a la escuela. Creemos que en marzo muchos niños no van a poder iniciar su año escolar normalmente y en la fecha estipulada", dijo.
La Nación
Mapuches: Relator ONU critica aplicación de ley antiterrorista
Funcionario señaló que las ocupaciones de terrenos por parte de comunidades corresponden a “delitos del orden civil, pero que no justifica una represión de la fuerza armada, ni la aplicación de la ley antiterrorista".
Rodolfo Stavenhagen, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, reiteró su crítica a la aplicación en Chile de la ley antiterrorista a los mapuches que ocupan predios.
En declaraciones a Radio Cooperativa, Stavenhagen afirmó que si bien no aprueba las acciones de fuerza de activistas mapuches, éstas no justifican la aplicación de la legislación antiterrorista. "No apruebo, pero entiendo cuando la gente tiene bloqueada la vía democrática, la vía política, la vía de la negociación, la vía institucional, que puedan tomar medidas como ocupación de predios que, en todo caso, es un delito del orden civil, pero que no justifica una represión de la fuerza armada, ni la aplicación de la ley antiterrorista", aseveró.
El debate por la aplicación de la Ley Antiterrorista ha estado en el tapete por el caso de Patricia Troncoso, quien se mantuvo 112 días en huelga de hambre para reclamarla revisión del caso Poluco-Pidenco, en donde se le acusó de "ataque incendiario terrorista".
La cuestionada legislación también complica la imagen externa de Chile. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su informe de 2006, expresa su preocupación por la Ley Antiterrorista, que “ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”.
INFORME
Stavenhagen ratificó, asimismo, la validez del informe que redactó sobre la situación de los mapuches tras visitar Chile en el año 2003, cuando recomendó buscar una vía política para dar cauce a los movimientos sociales de los indígenas.
En ese informe, el relator especial de la ONU pidió a las autoridades chilenas que no se sean criminalizadas las acciones de las organizaciones mapuches, como el Consejo de Todas las Tierras o la Coordinadora Arauco Malleco.
Al recordar las conclusiones del informe que redactó tras su visita de 2003, Stavenhagen dijo que "el problema fundamental me pareció la situación vulnerable de las comunidades indígenas, mapuche sobre todo, pero no exclusivamente, con respecto a sus derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales".
El relator de la ONU para los derechos indígenas agregó que le gustaría visitar nuevamente Chile, pero precisó que para ello "tendría que haber un acuerdo entre el relator y el Gobierno".
Por mail
Declaración Publica de Comunidad Mapuche de Temucuicui,
Ante nueva y violenta incursión de carabineros y frente al continuo hostigamiento hacia nuestra comunidad Mapuche de Temucuicui, la comunidad Mapuche de Temucuicui, de la comuna de Ercilla, mediante la siguiente declaramos a la opinión publica nacional e internacional lo siguiente:
1.- Hoy, martes 12 de febrero de 2008, siendo las 13.30 hrs, un gran contingente de la policía de fuerzas especiales, ingreso violentamente a esta comunidad, sin provocación alguna e incursionó a los caminos que conducen al interior de la comunidad, siendo respaldados por avionetas, helicópteros y carros lanza gases, que en todo momento provocaron a los comuneros quienes vieron con impotencia y de manera pacífica el desplazamiento y destrozos de cercos provocados por el convoy policial.
2.- Además, mientras atravesaba los caminos internos, los funcionarios gritaban epítetos racistas y discriminatorios en contra de los comuneros, especialmente contra Angelo y Aleni Marillan (de 13 y 10 años respectivamente) quienes en ese momento caminaban en dirección hacia sus viviendas.
3.- Al mismo tiempo, en que acontecía esto en la comunidad, Raúl Ceballos, corresponsal de radio Bio Bio, informaba desde Collipulli que se habían producido enfrentamientos entre la policía uniformada y los miembros de nuestra comunidad, argumentando que la policía debió solicitar refuerzos, ya que el enfrentamiento era álgido en la comunidad de Temucuicui.
Desmentimos categóricamente esta información, ya que los efectivos policiales que transitaban contaban con carros blindados y tanquetas, por lo que lo desmedido de las fuerzas y el desproporcionado número de carabineros fuertemente armados, más su actitud prepotente hacían imposible pensar la orden que justificaba su presencia o dialogar. Nosotros simplemente nos remitimos a observar pasivamente sin dejarse provocar, constatamos y denunciamos que lo relatado por la información radial es erróneo y falso, y lo único que hace es apoyar esta incursión policial y sospechamos que fue emanada desde el mismo cuartel policial.
4.- Hacemos un amplio llamado a las comunidades Mapuche y a las organizaciones sociales a denunciar esta situación de asedio permanente en contra de nuestra comunidad mapuche de Temucuicui, para terminar con la militarizació n y casería de dirigentes y autoridades tradicionales del territorio Mapuche y el hostigamiento constante hacia las comunidades que venimos reivindicando nuestros legítimos derechos que nos asisten como pueblo-nación Mapuche.
Comunidad Mapuche de Temucuicui,
Wallmapuche
12 de febrero de 2008.
Rebelión.org
Washington y Bogotá contra Hugo Chávez
Salim Lamrani
Rebelión
Revisado por Caty R.
La hostilidad de la administración Bush hacia el gobierno venezolano ha marcado un nuevo hito, el 19 de enero de 2008, con las declaraciones del «zar antidroga» estadounidense John P. Walters. En efecto, durante una visita a Colombia, acusó al presidente Hugo Chávez de «haberse convertido en un gran facilitador del tráfico de cocaína hacia Europa y otras partes del hemisferio». Este nuevo ataque contra el más popular de los líderes latinoamericanos, lejos de ser gratuito, forma parte de la estrategia de satanización de la administración bolivariana orquestada por la Casa Blanca con el fin de justificar una acción más radical contra Venezuela. Ahora, Washington y Bogotá intentan vincular a Caracas con el narcotráfico internacional con el fin de empañar la imagen del presidente Chávez (1).Ataques a VenezuelaAlgunos días después, el 24 de enero de 2008, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, declaró que al menos tres jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vivían en Venezuela, sin dar más detalles. Al mismo tiempo, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, acusó al alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, de proporcionar armas a la guerrilla colombiana y más concretamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), basándose en un vídeo que se reveló falso. Lejos de dar marchar atrás, incluso afirmó que el alcalde venezolano sería capturado y llevado a Colombia (2). Por su parte, Di Martino denunció «un montaje que revela el plan que tienen Estados Unidos [...] y el gobierno colombiano de desencadenar un proceso de desestabilización en la frontera venezolana» (3).Los servicios de inteligencia colombianos también acusaron a Venezuela de abastecer de municiones a las FARC y al ELN, al compás de las declaraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos (4). La oposición venezolana siguió la línea de Washington y Bogotá. Una ex responsable de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Mildred Camero, declaró que supuestos narcotraficantes estaban «protegidos por autoridades venezolanas y actuaban con absoluta libertad» (5).El punto común de todas estas acusaciones es la carencia absoluta de pruebas o hechos concretos que apoyen las diversas declaraciones. El presidente Chávez denunció las maniobras colombianas y estadounidenses: «Yo alerto al mundo de lo siguiente: el imperio norteamericano está creando las condiciones para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela», subrayó. «En menos de una semana vino el jefe de las fuerzas armadas del imperio a Colombia, [seguido por] el zar antidroga para decir que soy el ‘gran facilitador’ del narcotráfico», agregó, criticando al mismo tiempo las declaraciones de ministro de Defensa colombiano (6).El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también puso en guardia a la comunidad internacional ante el peligro que representa la actual campaña destinada a vincular a Venezuela con el narcotráfico. «Estados Unidos está utilizando el territorio colombiano [...]. Es un país que está ocupado militarmente por Estados Unidos, para tratar de quebrar y romper este espacio que se está abriendo en América Latina», señaló. «Esperamos que el pueblo colombiano pueda frenar esta actitud de [su] gobierno [...] y que no cometa la locura de provocar un enfrentamiento» (7).Álvaro Uribe y la Drug Enforcement Agency implicados en el narcotráficoEn realidad, el único alto dirigente que está implicado en el tráfico de drogas es el presidente colombiano Álvaro Uribe, como lo demuestra una fuente libre de toda sospecha: un informe de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos de septiembre de 1991 que detalla las relaciones de Uribe con el cartel de Medellín y los paramilitares. Según ese documento confidencial, que da una lista de 104 «delincuentes, asesinos, traficantes y abogados sospechosos», tiene entre ellos a «Álvaro Uribe, un político y senador colombiano que colabora con el cartel de Medellín». El informe añade que «Uribe estuvo ligado a un negocio implicado en actividades de narcotráfico en Estados Unidos [...], ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria» (8).Un memorándum elaborado por el abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos Thomas M. Kent, revela también que la Agencia de lucha contra la droga (Drug Enforcement Agency – DEA), que forma parte del Departamento de Justica, ha colaborado regularmente con los narcotraficantes colombianos y los paramilitares y que sus funcionarios son «agentes corruptos de la guerra contra la droga». Este documento es una acusación implacable contra la DEA y afirma, entre otras cosas, que numerosos funcionarios están al servicio de los narcotraficantes colombianos, que son cómplices en los asesinatos de informadores y están implicados directamente en las operaciones de lavado de dinero de los escuadrones de la muerte. El memorándum añade que los agentes corruptos gozan de la protección de las más altas instancias gubernamentales (9).El memorándum de Kent, del 19 de diciembre de 2004, se basa en las declaraciones de agentes de la DEA en Florida, apartados del servicio por denunciar los casos de corrupción. Según el abogado estadounidense, dichos agentes han tenido que afrontar «enormes riesgos para sus carreras, su seguridad y la seguridad de sus familias» por revelar «los nombres de quienes estaban directamente involucrados en la actividad criminal en Bogotá y Estados Unidos» (10).Según Kent, un agente de la DEA estuvo implicado en una actividad criminal por colaborar con los escuadrones de la muerte de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de varios miles de asesinatos. El memorándum expone «su implicación en el lavado de dinero para las AUC». Lejos de ser llevado ante la justicia, este agente fue ascendido y «ahora se ocupa de numerosas investigaciones de narcóticos y de lavado de dinero». El abogado afirma que los funcionarios del Departamento de Justicia archivaron el caso comprometedor. «En junio de 2004, la OPR [Office of Professional Responsability, que es una rama de la DEA] y la propia DEA […] pidieron al agente encargado del caso que les proporcionara toda la información [...]. Una semana después, la investigación sobre el lavado de dinero fue cerrada» (11).El memorándum de Kent detalla también tres casos que implican a agentes de la DEA en Colombia. Los funcionarios en cuestión formaron parte de una conspiración para asesinar a informadores que confesaron. «Hicieron revelaciones asombrosas sobre agentes de la DEA en Bogotá. Afirmaron que los agentes los habían asistido en sus actividades de narcotráfico. Señalaron de manera específica que los agentes les proporcionaban información sobre las investigaciones y otras actividades en Colombia», escribió el abogado. Los agentes de Bogotá se reunieron después con el informador autor de la confesión. «Después de la reunión, fue asesinado», afirma el memorándum. «Otros informadores [...] que trabajaron con el grupo de la DEA en Florida también fueron asesinados. Cada asesinato estuvo precedido por una petición de identificación por parte de un agente de la DEA» (12).Los agentes de la DEA en Bogotá también impidieron que varios informadores viajaran a Estados Unidos para testificar. Mientras estaban encargados de ocuparse de su viaje, los funcionarios de Bogotá procedieron a su detención. El memorándum enfatiza que «los informadores permanecieron detenidos durante nueve meses mientras llovían las acusaciones. Una vez que se pudo demostrar que los agentes de Bogotá mentían, los informadores fueron liberados. Uno de ellos fue secuestrado y asesinado en Bogotá, donde se escondía» (13).Por otra parte, los agentes de la DEA en Colombia impidieron que un informador se reuniera con agentes que vinieron de Florida en el marco una investigación que les concernía. No escatimaron medios. «Un agente de Bogotá viajó a Washington y afirmó esta vez que el informador era pederasta. La investigación se clasificó. Se requirió al agente para que demostrara su información pero no pudo aportar ninguna prueba» (14).La dudosa legitimidad moral de Washington y BogotáLas revelaciones del abogado Kent son abrumadoras tanto para Colombia como para Estados Unidos y ponen muy en duda su legitimidad moral para erigirse en jueces. En cuanto a Uribe, el informe del Departamento de Defensa es implacable contra él y demuestra su implicación en el crimen organizado y en el narcotráfico internacional.Uribe no es el único mandatario de Colombia implicado en el tráfico de narcóticos. Un general del ejército colombiano retirado, Pauselino Latorre, ex jefe de los servicios de inteligencia, así como su sobrino Leobardo Latorre, ex fiscal de la unidad de antinarcóticos de la Fiscalía, fueron arrestados en enero de 2008 por lavado de dinero, por importe de un millón de dólares, y asociación con las mafias de la droga. Habían elaborado un sistema para enviar importantes cantidades de cocaína (diez toneladas al mes) no sólo a Estados Unidos sino también a Europa y África (15).Una realidad diferenteConviene recordar algunos elementos indispensables sobre la problemática del narcotráfico y arrojar luz sobre la campaña de desprestigio contra Venezuela que han lanzado Washington y Bogotá. En efecto, el mayor productor de cocaína y el consumidor más importante de esta sustancia en el mundo no es Venezuela, sino Colombia. Detrás, Estados Unidos sigue siendo el más importante consumidor de drogas del planeta y jamás ha actuado contra las instituciones financieras implicadas en el lavado de dinero procedente del narcotráfico (16).La administración Bush intenta convencer al mundo de que Venezuela se está convirtiendo en el centro mundial del narcotráfico. El Departamento de Estado ubicó por tercer año consecutivo a Venezuela en la lista de países que han fracasado en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, el informe mundial de las Naciones Unidas de 2007 sobre las drogas contradice estas afirmaciones: «Se informa a menudo de que las remesas con destino a España pasan por Venezuela, Brasil y cierto número de otros países, incluidos Ecuador, República Dominicana, Argentina y, como nueva tendencia, México. Sin embargo, la tendencia principal en los últimos dos o tres años ha sido el envío de cocaína a África occidental, por lo general a las aguas situadas ante las costas de Cabo Verde, Guinea Bissau y las Islas Canarias, así como a diversos países del Golfo de Guinea, como Ghana, Costa de Marfil, Togo, Nigeria, y más hacia el oeste a Guinea, Sierra Leona y Liberia para su posterior entrega en Europa» (17).Por otra parte, se reconoce la labor de Venezuela por su activa lucha contra el narcotráfico. Desde la ruptura de la colaboración con la DEA en 2005, las autoridades bolivarianas pasaron de 43,25 toneladas incautadas en 2004 a 77,52 toneladas en 2005. En Venezuela, la DEA fue responsable de actividades conspirativas y de espionaje a favor de la oposición golpista. La DEA también hizo burla en varias ocasiones de la legislación venezolana procediendo al arresto de varios individuos, competencia exclusiva de las autoridades del país. Caracas había denunciado «una flagrante violación de la soberanía nacional y una puesta en peligro de la seguridad y la defensa de la nación» (18).Por fin, resulta difícil acusar a las autoridades venezolanas de laxitud o inmovilidad en la lucha contra el narcotráfico. En efecto, según la Oficina Nacional Antidrogas, en 2007, se incautaron 57 toneladas de drogas y 53 aviones en el territorio nacional. Se destruyeron trece laboratorios de producción de cocaína cerca de la frontera colombiana y 60 pistas de aterrizaje clandestinas. Además, se están desmantelando otras 126 pistas. Se incautaron más de 178 toneladas de sustancias químicas, así como 23 inmuebles, 25 embarcaciones, 18 aviones, 53 fincas y 106 vehículos utilizados en esta actividad criminal. Venezuela también procedió a la extradición de tres individuos hacia Colombia en marzo y abril de 2007, respondiendo favorablemente a una petición del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de este país. Un ciudadano estadounidense también fue deportado, después de una petición de Washington (19).Venezuela ha invertido 480 millones de dólares en la instalación de radares que permiten controlar el espacio aéreo nacional y especialmente la frontera con Colombia. Más de 380 funcionarios de los servicios de seguridad del Estado dedican su tiempo a vigilar los eventuales tráficos ilegales y analizar imágenes satelitales para detectar los cultivos ilegales. En diciembre de 2007, se efectuaron al menos 14 vuelos de inspección sobre la zona fronteriza (20).Las instituciones internacionales tales como las Naciones Unidas, pero también la Organización de Estados Americanos, alabaron los esfuerzos venezolanos en la lucha contra el narcotráfico, particularmente en cuanto a la utilización del «Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas», la aplicación de programas de prevención, la realización de investigaciones nacionales, la creación de un registro nacional de sustancias químicas que hay que controlar, la promulgación de la ley orgánica contra el crimen organizado, la erradicación sistemática de cultivos de drogas y la ratificación de varios convenios internacionales de lucha contra las drogas (21).Así, el informe de 2007 de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) reconoce los esfuerzos realizados por Venezuela. Caracas también firmó 50 acuerdos bilaterales, con 37 países, relativos a la lucha contra el narcotráfico. La Oficina Nacional Antidroga recibió, por su eficacia, distinciones de la mayoría de los países de la región y también de naciones tales como España, Reino Unido o los Países Bajos (22).El gobierno bolivariano también ha elaborado una estrategia nacional para luchar contra el narcotráfico construyendo tres aeropuertos en Maracaibo, Margarita y La Guaira, que serán los únicos puntos de entrada y salida para los aviones privados y permitirán así ejercer un mejor control del flujo aéreo. Se ha instalado un sistema de identificación (IFF) que permite seguir el rastro de los aviones que entran ilegalmente en el espacio aéreo del país. Se ha creado una red nacional antidroga que implica al conjunto de los servicios sociales de la nación. Finalmente, Caracas ha lanzado un innovador plan quinquenal (2008-2013) para mejorar la lucha contra el crimen organizado con un control más adecuado de las vías marítimas y aéreas (23).Conviene recordar que Estados Unidos, que pretende abanderar una guerra mundial contra el tráfico de sustancias ilegales y que acusa Venezuela de falta de cooperación en este campo, impidió que el gobierno bolivariano adquiriera aviones españoles indispensables para la vigilancia de las fronteras, pues éstos contenían componentes estadounidenses. Washington también prohibió, por las mismas razones, que Brasil vendiera 24 aviones Tucanos a Caracas, que se iban a utilizar en la lucha contra el narcotráfico. Por fin, la administración Bush decidió retirar dos radares de vigilancia que se encontraban en suelo venezolano (24).La doble moral de Washington y las amenazas de BogotáComo se puede constar fácilmente, la Casa Blanca no tiene ninguna autoridad moral para estigmatizar a Venezuela en la cuestión de la lucha contra la droga. La credibilidad de Washington deja mucho que desear y por eso las llamadas del Departamento de Estado y su portavoz, Thomas A. Shannon, para retomar el diálogo sobre este asunto no pueden ser tomadas en serio (25).Además, Caracas jamás ha ninguna mostrado ambigüedad con respecto a este asunto, al contrario, ha sido muy clara: «El narcotráfico es una actividad criminal de consecuencias inmorales y trágicas. Aporta millones de dólares a los carteles de la droga, pero destruye física y moralmente a millones de seres humanos que pueblan la tierra. La lucha contra el narcotráfico es una obligación ética» (26).Hugo Chávez reiteró su advertencia ante una eventual ofensiva colombiana contra Venezuela. Los servicios de inteligencia de los países de la región confirmaron sus sospechas (27). El presidente anunció que las fuerzas armadas estaban en estado de alerta pues «es posible que Colombia se preste a una acción militar contra Venezuela pero se arrepentiría por cien años» (28) «Yo acuso al gobierno de Colombia de conspirar, actuando como una marioneta del imperio norteamericano, y de planificar una provocación militar contra Venezuela» (29). Por su parte, Washington negó semejante posibilidad (30).Durante una reunión con los familiares de los rehenes colombianos, el canciller venezolano Nicolás Maduro reiteró su deseo de mantener relaciones cordiales y pacíficas con Colombia y brindó modestamente su contribución a favor de la liberación de todos los secuestrados y de la paz. Por cierto, las FARC acaban de anunciar la liberación unilateral de otras tres personas (31).La campaña de desinformación que ha lanzado la Casa Blanca y que Bogotá ha secundado, no tiene otro objetivo que empañar la imagen del gobierno venezolano. En efecto, Washington no acepta ver a una nación del subcontinente librarse de su tutela y reivindicar su independencia.Notas(1) The Associated Press, «Venezuela rechaza acusación de zar antidrogas de EEUU», 21 de enero de 2008.(2) Agencia Bolivariana de Noticias, «EEUU crea condiciones para generar conflicto entre Venezuela y Colombia», 26 de enero de 2008.(3) Agencia Bolivariana de Noticias, «Di Martino: El vídeo es un montaje», 26 de enero de 2008.(4) Gonzalo Guillén, «Acusan a Chávez de suministrar balas a las FARC y el ELN», El Nuevo Herald, 21 de enero de 2008.(5) The Associated Press / El Nuevo Herald, «Ex jefa antidrogas denuncia apoyo a narcos en Venezuela», 4 de febrero de 2008. Ver también The Associated Press / El Nuevo Herald, «Denuncian protección de narcos en Venezuela», 3 de febrero de 2008.(6) The Associated Press / El Nuevo Herald, «Chávez: EEUU propicia conflicto armado Colombia-Venezuela», 26 de enero de 2008.(7) Ibid.(8) Agencia Bolivariana de Noticias, «EEUU conoce vínculos del presidente de Colombia con el narcotráfico y el paramilitarismo», 23 de enero de 2008.(9) Agencia Bolivariana de Noticias, «DEA colabora con narcos y paramilitares en Colombia», 25 de enero de 2008.(10) Bill Conroy, «Leaked Memo: Corrupt DEA Agents in Colombia Helps Narcos and Paramilitaries. Internal Justice Dept. Document Alleges Drug Trafficking Links, Money Laudering and Conspiracy to Murder», The Narco News Bulletin, 9 de enero de 2006. http://www.narconews.com/docs/ThomasKentMemo.pdf (sitio consultado el 10 de febrero de 2008).(11) Ibid.(12) Ibid.(13) Ibid.(14) Ibid.(15) Agencia Bolivariana de Noticias, «General y ex fiscal colombianos arrestados por pertenecer a mafia de la droga», 25 de enero de 2008.(16) Agencia Bolivariana de Noticias, «Discurso del Embajador Jorge Valero, viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales y Representante permanente de Venezuela, ante el Consejo Permanente de la OEA», 23 de enero de 2008.(17) Oficina contra la Droga y el Delito, 2007, Informe Mundial sobre las Drogas, Naciones Unidas, 2007, p. 81. http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2007/WDR%202007_Spanish_web.pdf (sitio consultado el 10 de febrero de 2008).(18) Agencia Bolivariana de Noticias, «Discurso del Embajador Jorge Valero, Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales y Representante Permanente de Venezuela, ante el Consejo Permanente de la OEA», op. cit.(19) Ibid.(20) Ibid.(21) Ibid.(22) Ibid.(23) Ibid.(24) Ibid. Ver también: The Associated Press / El Nuevo Herald, «Venezuela instalará nuevos radares para combatir narcotráfico», 24 de enero de 2008.(25) Néstor Ikeda, «EEUU invita otra vez a Venezuela a ir al diálogo», The Associated Press / El Nuevo Herald, 23 de enero de 2008.(26) Agencia Bolivariana de Noticias, «Discurso del Embajador Jorge Valero, Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales y Representante Permanente de Venezuela, ante el Consejo Permanente de la OEA», op. cit.(27) Agencia Bolivariana de Noticias, «Presidente advierte que Colombia pudiera estar preparando ofensiva contra Venezuela», 3 de febrero de 2008.(28) The Associated Press / El Nuevo Herald, «Chávez: Militares en alerta ante posible amenaza de Colombia», 2 de febrero de 2008.(29) Jorge Rueda, «Chavez: Colombia Plans ‘Aggression’», The Associated Press, 26 de enero de 2008.(30) The Associated Press / El Nuevo Herald, «Subsecretario de EEUU descarta conflicto armado Venezuela y Colombia», 23 de enero de 2008.(31) Agencia Bolivariana de Noticias, «Canciller Maduro reiteró el compromiso del Gobierno de Venezuela con la paz», 5 de febrero de 2008.Salim Lamrani es profesor, escritor y periodista francés especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ha publicado los libros: Washington contre Cuba (Pantin: Le Temps des Cerises, 2005), Cuba face à l’Empire (Genève: Timeli, 2006) y Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006). Acaba de publicar Double Morale. Cuba, l’Union européenne et les droits de l’homme (Paris: Editions Estrella, 2008). Contacto: lamranisalim@yahoo.fr Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Este artículo se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la revisora y la fuente.
miércoles, 20 de febrero de 2008
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