PAUTA INFORMATIVA 12 FEBRERO 2008.-
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
SABADO 16 FEBRERO.
10 HORAS. CONTINUACIÓN DEL ENCUENTRO DE DIRIGENTES SOCIALES DEL MPMR. LUGAR POR CONFIRMAR.
DOMINGO 24 FEBRERO.
12 HORAS. HOMENAJE AL NATALICIO DE DON MANUEL RODRÍGUEZ ERDOIZA, MONUMENTO PLAZA ITALIA. INVITA MPMR.
25-26-27 Y 28 DE FEBRERO.
VIII ESCUELA “SERGIO VARAS TORRIJOS”.
29 FEBRERO.
ENCUENTRO DE PAYAS Y CUECAS. 19 HORAS. CUT (POR CONFIRMAR). INVITA CENTRO DE ESTUDIOS FRANCISCO BILBAO.
8 MARZO.
12 MARCHA DE LA MUJER POPULAR. BIOBLIOTECA NACIONAL.
Protestas y otros.
.- Lunes 11.- Violentos enfrentamientos se han registrado en Puerto Montt luego del inicio de la huelga de los trabajadores de la empresa Aguas Claras. En tanto, la empresa decretó el cierre temporal de la planta ubicada en Calbuco, por lo que más de 800 personas quedarán sin trabajo. El Gobierno por su parte se refirió a la protesta salmonera y sostuvo que no aceptarán acciones ilegales por parte de los trabajadores.
.-Lunes 11.- Trabajadores subcontratados de la empresa siderúrgica Huachipato anunciaron la creación, dentro de las próximas semanas, de una Federación de Sindicatos Particulares en la usina, que tiene como principal objetivo servir de representante ante los ejecutivos de la empresa y mediar en futuras negociaciones para terminar con los trabajadores de segunda categoría al interior de Huachipato.
.-Lunes 11.- Serios problemas vive el sistema de salud en Viña del Mar, luego que trabajadores de servicios de ambulancias del SAMU paralizaran sus funciones. Fueron más de 5 horas en que sólo una ambulancia atendió a todo Viña del Mar, los trabajadores del SAMU del Hospital Gustavo Fricke paralizaron sus actividades, debido a las malas condiciones laborales.
Titulares.-
.- Incidentes entre Carabineros y trabajadores de Aguas Claras dejan 43 detenidos.
.- Francia juzgará en ausencia a trece represores chilenos.
.- Álvaro Uribe, ‘uno de los nuestros’ Decio Machado.
DESARROLLO DE NOTICIAS
La tercera
Incidentes entre Carabineros y trabajadores de Aguas Claras dejan 43 detenidos
Personal de Fuerzas Especiales actuó para frenar un nuevo intento de toma, que derivó en apedreos y agresiones por parte de los trabajadores. El gerente de la salmonera acusó intereses políticos en la movilización.
Pasadas las 17 horas, el nuevo intento de toma de las instalaciones de la salmonera Aqua Chile por parte de los trabajadores en huelga de la salmonera Aguas Claras, derivó en violentos enfrentamientos con Carabineros, en las dependencias de la empresa en el sector de Cardonal de la ciudad de Puerto Montt.
Personal de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresó a las instalaciones, tanto por su acceso principal, como por una zona no habilitada en la parte posterior, con carros lanza aguas.
Los trabajadores de Aguas Claras reaccionaron apedreando a los vehículos y los funcionarios policiales, iniciándose enfrentamientos que terminaron con varios cristales del edificio corporativo de la empresa destruídos, y con una nube de gases lacrimógenos que fueron utilizados por el personal policial.
Rompiendo los cristales del primer piso, un grupo de trabajadores de Aguas Claras irrumpió en el edificio corporativo, buscando escondite, hasta donde Carabineros ingresaron para detenerles.
Efectivos de Fuerzas Especiales recorrieron toda la planta, deteniendo al menos a 43 trabajadores de Aguas Claras, entre ellos, el dirigente sindical Benjamín Teneb. En tanto, un funcionario policial resultó herido, y un vehículo policial resultó con graves daños, al igual que dos camionetas de la salmonera que estaban estacionadas al interior del recinto.GERENTE: "ESTE CONFLICTO ESTA MANEJADO POR ACTIVISTAS POLITICOS"El gerente de la salmonera Aguas Claras Agustín Ugalde lamentó los hechos de violencia en el recinto de Aqua Chile que protagonizaron los trabajadores de su empresa con Carabineros.
"No esperábamos que ocurriera esto. Durante la semana pasada tuvimos negociaciones en temas laborales y lamentablemente, el hecho que la huelga se haya hecho efectiva, derivó en estos hechos de violencia, suscitados tanto en los centros de cultivo de nuestra empresa como en las oficinas de Aqua Chile”, indicó el ejecutivo a La Tercera.com.
"Lamentablemente llegamos a estos hechos de violencia porque este conflicto no está manejado por dirigentes sindicales. Este conflicto está manejado por activistas políticos. Nosotros no creemos que nuestra gente sea capaz de hacer este tipo de cosas", agregó el personero.
"Nosotros siempre hemos estado dispuestos a conversar, pero no bajo estas presiones de violencia. En este clima no es posible establecer una mesa de negociación y menos conversar con los trabajadores. Aquí lo que debe suceder es que los trabajadores entiendan que la empresa ha realizado una oferta con mucho esfuerzo para llegar a condiciones laborales razonables, por lo que es urgente que nos entendamos para reactivar nuestro trabajo en la planta", afirmó Ugalde.
La Nación
Juicio se realizará en París entre el 19 y el 23 de mayo próximo
Francia juzgará en ausencia a trece represores chilenos
Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.
Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.
Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.
Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.
Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.
Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.
Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez” -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.
El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.
Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.
REBELIÓN.ORG
Álvaro Uribe, ‘uno de los nuestros’
Decio Machado
Diagonal
El mandatario colombiano fue recibido entre otras personalidades por el rey Juan Carlos, los ex jefes de gobierno José María Aznar y Felipe González, así como por el líder de la oposición Mariano Rajoy. Pero como si el apoyo de los líderes españoles fuera poco, también Javier Solana, ministro de Relaciones Exteriores de la UE, quiso dejar constancia de cómo se sitúa Europa en el conflicto colombiano: “Todas las ideas que ponga Uribe en la mesa serán apoyadas por la UE. Tenemos plena confianza en él… y tiene todo nuestro apoyo”.
La relación del Estado español y la UE con el actual Gobierno colombiano está siendo cuestionada por el conjunto de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del planeta, y de manera especial por las que actúan y sufren la represión sobre el terreno. Este respaldo, además, viola todas las cláusulas internacionales que los países de la UE tienen establecidas para no colaboración con Gobiernos implicados en el tráfico internacional de estupefacientes.
Narcoparamilitarismo y Uribe
La relación de Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico viene de lejos. A principios de los ‘80, cuando el actual mandatario colombiano ejerció durante 28 meses como director del Departamento de Aviación Civil, apoyó con múltiples licencias aéreas, hangares y pistas de aterrizaje en fincas privadas a diferentes capos del narcotráfico, entre los que destaca Jaime Cardona (considerado el número dos del cártel de Medellín en aquella época), según denunció el escritor colombiano Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína.
Los negocios turbios en su entorno tampoco son nuevos. El periodista Nelson Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en la revista Cromos, en la que señaló cómo se había extraído 43 millones de pesos (aproximadamente unos 550.000 dólares) del Departamento de Aviación Civil, a través de la firma de un “contrato fantasma” que Uribe estableció con la entidad Colasesores, la cual meses antes había sido embargada por el Banco Real de Colombia.
Otro episodio alarmante de la biografía de Uribe tuvo lugar el 15 de junio de 1983: cuando falleció su padre (Alberto Uribe Sierra, un conocido especulador de fincas y caballos, muy bien relacionado con los líderes del narcotráfico en Antioquia y que murió en un tiroteo con las FARC), el actual presidente colombiano se desplazó a la finca Guacharacas, lugar de los sucesos, en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar. Preguntado por este hecho, Uribe se limitó a decir que fue fruto de la casualidad. Sin embargo, en el sepelio de su padre, destacaban entre los invitados tanto Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, como el clan de los Ochoa.
En su libro Mi confesión, el difunto líder narco-paramilitar, Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirma que “la base social de las Autodefensas lo considera [a Uribe] su candidato presidencial”, y prosigue: “Es el hombre más cercano a nuestra ideología y filosofía”. Castaño describe: “Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca estuve de acuerdo (las Convivir). No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los traficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota, con un ‘narco’ adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado”.
Uribe fue el autor de la fórmula Convivir: cooperativas de seguridad, agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, todo ello con dotación de armas. Se crearon 690, de ellas 70 en Antioquia, donde comenzaron. Según la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades: “Estas organizaciones se convirtieron en bandas de maleantes y asesinos, transformándose en grupos punitivos, que terminaron asesinando y secuestrando. Fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de ‘tierra arrasada’ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital de Antioquia”. Según la ONG internacional Pax Christi: “Significó la plasmación práctica de una visión fascista del Estado, con fundamental aplicación en las zonas de cultivo ilegal”. En muchos casos, la relación de Uribe con el narcotráfico y la parapolítica se ha dado a través de intermediarios. Destaca en ese sentido el papel del senador Mario Uribe, primo hermano del mandatario.
Fue amigo incondicional de Pablo Escobar: lo visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba “en la clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir la acción de la Justicia. Mario Uribe es el líder fundador del partido uribista Colombia Democrática y en la actualidad se encuentra investigado junto a otros 40 congresistas por vínculos con la “parapolítica”.
El ‘entorno’ de Uribe
Con Uribe están alineados políticamente la mayoría de los congresistas y políticos vinculados al ‘Proceso 8.000’. Aunque se trata de individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado fuera de la política, muchos de ellos han expresado en diversas formas su respaldo al presidente de la República.
El primero de todos es Fernando Botero Zea, quien ha asesorado a Uribe en temas específicos de su campaña electoral. Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados por el cártel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. En la actualidad vive exiliado en México, aunque se sabe que entra en Colombia cada vez que Uribe lo requiere.
También destaca el apoyo de Alberto Santofimio Botero, el ex controlador Rodolfo González García, los ex parlamentarios César Pérez García, Tiberio Villareal, Fuad Char y el empresario Carlos Náder. Santomifio, Pérez García y Villareal pasaron varios años en la cárcel por sus vinculaciones con el narcotráfico. González García fue absuelto en un caso similar por “razones de tipo técnico”, pero jamás demostró su inocencia. EE UU retiró la visa a la familia Char y los introdujeron en la famosa ‘Lista Clinton’ (personas relacionadas con el narcotráfico), cuando comprobaron que estaba implicado en lavado de dinero producto del narcotráfico. Uribe sigue apoyando a estos personajes. Recientemente indicaba que “Fuad Char es un hombre respetable en su vida pública y privada”, a la vez que apoyaba a su hijo Alex (gran especulador inmobiliario) en su candidatura a la alcaldía de Barranquilla.
El empresario Carlos Náder, también en la ‘Lista Clinton’, tampoco puede entrar en territorio norteamericano. Sobre él recae una condena de seis años de prisión por tráfico de drogas. Tanto su esposa como él mismo, brindan alojamiento en sus casas particulares de Miami y Madrid respectivamente cuando el mandatario se desplaza a estos territorios.
Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa (fallecido misteriosamente en accidente de avión el 24 de febrero de 2006). En 1997 y 1998 agentes de la DEA decomisaron 50 toneladas de permangánato de potasio. Las investigaciones demostraron que estos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor de 15 millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín, propiedad de Moreno Villa. Según denuncia Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek y autor del libro El Señor de las Sombras – Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2001, Donnie R. Marshall, jefe de la DEA, denunció que “GMP fue el más grande importador de permangánato de potasio en Colombia”. Según Marshall, “quien controle el mercado de permanganato de potasio en Colombia, controla el tráfico global de cocaína procesada”.
Según la DEA, 200 toneladas fueron vendidas por la compañía GMP en el tiempo en que Moreno era secretario de gobierno de Uribe en Antioquia. De igual manera, el actual presidente de Colombia fue relacionado con el narcotráfico durante su desempeño por tan sólo cuatro meses, como alcalde de Medellín.
Según Joseph Contreras, su salida del cargo fue debida a que el entonces presidente Betancur detectó su presencia en una cumbre (finales del 1982) de los cuatro grandes del cártel de Medellín (Pablo Escobar, los Ochoa, Carlos Lehter y Gonzalo Rodríguez Gacha). Los servicios de inteligencia detectaron varios testigos, y para colmo Uribe incluso fue llevado a esa reunión clandestina en un helicóptero propiedad de los capos. Al presidente no le quedó otro camino que ordenar que lo sacaran sigilosamente de la alcaldía.
El 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe dejara de ser alcalde, y en plena campaña electoral al Senado, durante un operativo de las autoridades antinarcóticos, se decomisó un helicóptero Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X. El 21 de abril, Uribe se entrevista con Enrique Parejo, en aquel momento ministro de Justicia, para explicarle que su familia, propietaria del helicóptero, no estaba implicada en el narcotráfico, y que simplemente “lo habían prestado a un amigo”.
ENTRE 7.000 Y 15.000 DESAPARECIDOS DESDE 1977El Gobierno de Uribe representa la necesidad de centralizar el poder ejecutivo para lograr una unidad de mando en la guerra contra la insurgencia y contra cualquier tipo de oposición popular que se genere. Su modelo económico se caracteriza por una gran acumulación y concentración de capital y tierras en pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía. Hoy, el 50% de los colombianos viven por debajo de la línea de miseria, y el 10% en condiciones de indigencia. Mientras tanto, unos pocos concentran en sus manos una altísima proporción de la riqueza. Tan sólo en los dos primeros años de su mandato, dos de los más grandes grupos económicos del país ya habían triplicado su riqueza. Según denuncian las ONG de derechos humanos en Colombia, su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como centralización del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades democráticas. Según la Asociación de Familiares Desaparecidos (Asfades) se supera la cifra de 7.300 desaparecidos en Colombia desde 1977. Sin embargo Gloria Gómez, directora de esta asociación, indica que la cifra real podría superar los 15.000, dado que en muchas ocasiones las familias no denuncian por miedo a las posibles represalias. Para Asfades, el principal actor represivo en Colombia es el paramilitarismo, seguido por el Ejército y de lejos la insurgencia. Uribe ha extraditado a delincuentes comunes y a presuntos guerrilleros hacia EE UU, pero se comprometió a no extraditar a los paramilitares, es decir, a los más peligrosos miembros del crimen organizado.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
SABADO 16 FEBRERO.
10 HORAS. CONTINUACIÓN DEL ENCUENTRO DE DIRIGENTES SOCIALES DEL MPMR. LUGAR POR CONFIRMAR.
DOMINGO 24 FEBRERO.
12 HORAS. HOMENAJE AL NATALICIO DE DON MANUEL RODRÍGUEZ ERDOIZA, MONUMENTO PLAZA ITALIA. INVITA MPMR.
25-26-27 Y 28 DE FEBRERO.
VIII ESCUELA “SERGIO VARAS TORRIJOS”.
29 FEBRERO.
ENCUENTRO DE PAYAS Y CUECAS. 19 HORAS. CUT (POR CONFIRMAR). INVITA CENTRO DE ESTUDIOS FRANCISCO BILBAO.
8 MARZO.
12 MARCHA DE LA MUJER POPULAR. BIOBLIOTECA NACIONAL.
Protestas y otros.
.- Lunes 11.- Violentos enfrentamientos se han registrado en Puerto Montt luego del inicio de la huelga de los trabajadores de la empresa Aguas Claras. En tanto, la empresa decretó el cierre temporal de la planta ubicada en Calbuco, por lo que más de 800 personas quedarán sin trabajo. El Gobierno por su parte se refirió a la protesta salmonera y sostuvo que no aceptarán acciones ilegales por parte de los trabajadores.
.-Lunes 11.- Trabajadores subcontratados de la empresa siderúrgica Huachipato anunciaron la creación, dentro de las próximas semanas, de una Federación de Sindicatos Particulares en la usina, que tiene como principal objetivo servir de representante ante los ejecutivos de la empresa y mediar en futuras negociaciones para terminar con los trabajadores de segunda categoría al interior de Huachipato.
.-Lunes 11.- Serios problemas vive el sistema de salud en Viña del Mar, luego que trabajadores de servicios de ambulancias del SAMU paralizaran sus funciones. Fueron más de 5 horas en que sólo una ambulancia atendió a todo Viña del Mar, los trabajadores del SAMU del Hospital Gustavo Fricke paralizaron sus actividades, debido a las malas condiciones laborales.
Titulares.-
.- Incidentes entre Carabineros y trabajadores de Aguas Claras dejan 43 detenidos.
.- Francia juzgará en ausencia a trece represores chilenos.
.- Álvaro Uribe, ‘uno de los nuestros’ Decio Machado.
DESARROLLO DE NOTICIAS
La tercera
Incidentes entre Carabineros y trabajadores de Aguas Claras dejan 43 detenidos
Personal de Fuerzas Especiales actuó para frenar un nuevo intento de toma, que derivó en apedreos y agresiones por parte de los trabajadores. El gerente de la salmonera acusó intereses políticos en la movilización.
Pasadas las 17 horas, el nuevo intento de toma de las instalaciones de la salmonera Aqua Chile por parte de los trabajadores en huelga de la salmonera Aguas Claras, derivó en violentos enfrentamientos con Carabineros, en las dependencias de la empresa en el sector de Cardonal de la ciudad de Puerto Montt.
Personal de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresó a las instalaciones, tanto por su acceso principal, como por una zona no habilitada en la parte posterior, con carros lanza aguas.
Los trabajadores de Aguas Claras reaccionaron apedreando a los vehículos y los funcionarios policiales, iniciándose enfrentamientos que terminaron con varios cristales del edificio corporativo de la empresa destruídos, y con una nube de gases lacrimógenos que fueron utilizados por el personal policial.
Rompiendo los cristales del primer piso, un grupo de trabajadores de Aguas Claras irrumpió en el edificio corporativo, buscando escondite, hasta donde Carabineros ingresaron para detenerles.
Efectivos de Fuerzas Especiales recorrieron toda la planta, deteniendo al menos a 43 trabajadores de Aguas Claras, entre ellos, el dirigente sindical Benjamín Teneb. En tanto, un funcionario policial resultó herido, y un vehículo policial resultó con graves daños, al igual que dos camionetas de la salmonera que estaban estacionadas al interior del recinto.GERENTE: "ESTE CONFLICTO ESTA MANEJADO POR ACTIVISTAS POLITICOS"El gerente de la salmonera Aguas Claras Agustín Ugalde lamentó los hechos de violencia en el recinto de Aqua Chile que protagonizaron los trabajadores de su empresa con Carabineros.
"No esperábamos que ocurriera esto. Durante la semana pasada tuvimos negociaciones en temas laborales y lamentablemente, el hecho que la huelga se haya hecho efectiva, derivó en estos hechos de violencia, suscitados tanto en los centros de cultivo de nuestra empresa como en las oficinas de Aqua Chile”, indicó el ejecutivo a La Tercera.com.
"Lamentablemente llegamos a estos hechos de violencia porque este conflicto no está manejado por dirigentes sindicales. Este conflicto está manejado por activistas políticos. Nosotros no creemos que nuestra gente sea capaz de hacer este tipo de cosas", agregó el personero.
"Nosotros siempre hemos estado dispuestos a conversar, pero no bajo estas presiones de violencia. En este clima no es posible establecer una mesa de negociación y menos conversar con los trabajadores. Aquí lo que debe suceder es que los trabajadores entiendan que la empresa ha realizado una oferta con mucho esfuerzo para llegar a condiciones laborales razonables, por lo que es urgente que nos entendamos para reactivar nuestro trabajo en la planta", afirmó Ugalde.
La Nación
Juicio se realizará en París entre el 19 y el 23 de mayo próximo
Francia juzgará en ausencia a trece represores chilenos
Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.
Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.
Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.
Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.
Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.
Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.
Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez” -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.
El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.
Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.
REBELIÓN.ORG
Álvaro Uribe, ‘uno de los nuestros’
Decio Machado
Diagonal
El mandatario colombiano fue recibido entre otras personalidades por el rey Juan Carlos, los ex jefes de gobierno José María Aznar y Felipe González, así como por el líder de la oposición Mariano Rajoy. Pero como si el apoyo de los líderes españoles fuera poco, también Javier Solana, ministro de Relaciones Exteriores de la UE, quiso dejar constancia de cómo se sitúa Europa en el conflicto colombiano: “Todas las ideas que ponga Uribe en la mesa serán apoyadas por la UE. Tenemos plena confianza en él… y tiene todo nuestro apoyo”.
La relación del Estado español y la UE con el actual Gobierno colombiano está siendo cuestionada por el conjunto de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del planeta, y de manera especial por las que actúan y sufren la represión sobre el terreno. Este respaldo, además, viola todas las cláusulas internacionales que los países de la UE tienen establecidas para no colaboración con Gobiernos implicados en el tráfico internacional de estupefacientes.
Narcoparamilitarismo y Uribe
La relación de Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico viene de lejos. A principios de los ‘80, cuando el actual mandatario colombiano ejerció durante 28 meses como director del Departamento de Aviación Civil, apoyó con múltiples licencias aéreas, hangares y pistas de aterrizaje en fincas privadas a diferentes capos del narcotráfico, entre los que destaca Jaime Cardona (considerado el número dos del cártel de Medellín en aquella época), según denunció el escritor colombiano Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína.
Los negocios turbios en su entorno tampoco son nuevos. El periodista Nelson Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en la revista Cromos, en la que señaló cómo se había extraído 43 millones de pesos (aproximadamente unos 550.000 dólares) del Departamento de Aviación Civil, a través de la firma de un “contrato fantasma” que Uribe estableció con la entidad Colasesores, la cual meses antes había sido embargada por el Banco Real de Colombia.
Otro episodio alarmante de la biografía de Uribe tuvo lugar el 15 de junio de 1983: cuando falleció su padre (Alberto Uribe Sierra, un conocido especulador de fincas y caballos, muy bien relacionado con los líderes del narcotráfico en Antioquia y que murió en un tiroteo con las FARC), el actual presidente colombiano se desplazó a la finca Guacharacas, lugar de los sucesos, en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar. Preguntado por este hecho, Uribe se limitó a decir que fue fruto de la casualidad. Sin embargo, en el sepelio de su padre, destacaban entre los invitados tanto Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, como el clan de los Ochoa.
En su libro Mi confesión, el difunto líder narco-paramilitar, Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirma que “la base social de las Autodefensas lo considera [a Uribe] su candidato presidencial”, y prosigue: “Es el hombre más cercano a nuestra ideología y filosofía”. Castaño describe: “Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca estuve de acuerdo (las Convivir). No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los traficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota, con un ‘narco’ adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado”.
Uribe fue el autor de la fórmula Convivir: cooperativas de seguridad, agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, todo ello con dotación de armas. Se crearon 690, de ellas 70 en Antioquia, donde comenzaron. Según la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades: “Estas organizaciones se convirtieron en bandas de maleantes y asesinos, transformándose en grupos punitivos, que terminaron asesinando y secuestrando. Fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de ‘tierra arrasada’ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital de Antioquia”. Según la ONG internacional Pax Christi: “Significó la plasmación práctica de una visión fascista del Estado, con fundamental aplicación en las zonas de cultivo ilegal”. En muchos casos, la relación de Uribe con el narcotráfico y la parapolítica se ha dado a través de intermediarios. Destaca en ese sentido el papel del senador Mario Uribe, primo hermano del mandatario.
Fue amigo incondicional de Pablo Escobar: lo visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba “en la clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir la acción de la Justicia. Mario Uribe es el líder fundador del partido uribista Colombia Democrática y en la actualidad se encuentra investigado junto a otros 40 congresistas por vínculos con la “parapolítica”.
El ‘entorno’ de Uribe
Con Uribe están alineados políticamente la mayoría de los congresistas y políticos vinculados al ‘Proceso 8.000’. Aunque se trata de individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado fuera de la política, muchos de ellos han expresado en diversas formas su respaldo al presidente de la República.
El primero de todos es Fernando Botero Zea, quien ha asesorado a Uribe en temas específicos de su campaña electoral. Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados por el cártel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. En la actualidad vive exiliado en México, aunque se sabe que entra en Colombia cada vez que Uribe lo requiere.
También destaca el apoyo de Alberto Santofimio Botero, el ex controlador Rodolfo González García, los ex parlamentarios César Pérez García, Tiberio Villareal, Fuad Char y el empresario Carlos Náder. Santomifio, Pérez García y Villareal pasaron varios años en la cárcel por sus vinculaciones con el narcotráfico. González García fue absuelto en un caso similar por “razones de tipo técnico”, pero jamás demostró su inocencia. EE UU retiró la visa a la familia Char y los introdujeron en la famosa ‘Lista Clinton’ (personas relacionadas con el narcotráfico), cuando comprobaron que estaba implicado en lavado de dinero producto del narcotráfico. Uribe sigue apoyando a estos personajes. Recientemente indicaba que “Fuad Char es un hombre respetable en su vida pública y privada”, a la vez que apoyaba a su hijo Alex (gran especulador inmobiliario) en su candidatura a la alcaldía de Barranquilla.
El empresario Carlos Náder, también en la ‘Lista Clinton’, tampoco puede entrar en territorio norteamericano. Sobre él recae una condena de seis años de prisión por tráfico de drogas. Tanto su esposa como él mismo, brindan alojamiento en sus casas particulares de Miami y Madrid respectivamente cuando el mandatario se desplaza a estos territorios.
Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa (fallecido misteriosamente en accidente de avión el 24 de febrero de 2006). En 1997 y 1998 agentes de la DEA decomisaron 50 toneladas de permangánato de potasio. Las investigaciones demostraron que estos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor de 15 millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín, propiedad de Moreno Villa. Según denuncia Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek y autor del libro El Señor de las Sombras – Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2001, Donnie R. Marshall, jefe de la DEA, denunció que “GMP fue el más grande importador de permangánato de potasio en Colombia”. Según Marshall, “quien controle el mercado de permanganato de potasio en Colombia, controla el tráfico global de cocaína procesada”.
Según la DEA, 200 toneladas fueron vendidas por la compañía GMP en el tiempo en que Moreno era secretario de gobierno de Uribe en Antioquia. De igual manera, el actual presidente de Colombia fue relacionado con el narcotráfico durante su desempeño por tan sólo cuatro meses, como alcalde de Medellín.
Según Joseph Contreras, su salida del cargo fue debida a que el entonces presidente Betancur detectó su presencia en una cumbre (finales del 1982) de los cuatro grandes del cártel de Medellín (Pablo Escobar, los Ochoa, Carlos Lehter y Gonzalo Rodríguez Gacha). Los servicios de inteligencia detectaron varios testigos, y para colmo Uribe incluso fue llevado a esa reunión clandestina en un helicóptero propiedad de los capos. Al presidente no le quedó otro camino que ordenar que lo sacaran sigilosamente de la alcaldía.
El 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe dejara de ser alcalde, y en plena campaña electoral al Senado, durante un operativo de las autoridades antinarcóticos, se decomisó un helicóptero Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X. El 21 de abril, Uribe se entrevista con Enrique Parejo, en aquel momento ministro de Justicia, para explicarle que su familia, propietaria del helicóptero, no estaba implicada en el narcotráfico, y que simplemente “lo habían prestado a un amigo”.
ENTRE 7.000 Y 15.000 DESAPARECIDOS DESDE 1977El Gobierno de Uribe representa la necesidad de centralizar el poder ejecutivo para lograr una unidad de mando en la guerra contra la insurgencia y contra cualquier tipo de oposición popular que se genere. Su modelo económico se caracteriza por una gran acumulación y concentración de capital y tierras en pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía. Hoy, el 50% de los colombianos viven por debajo de la línea de miseria, y el 10% en condiciones de indigencia. Mientras tanto, unos pocos concentran en sus manos una altísima proporción de la riqueza. Tan sólo en los dos primeros años de su mandato, dos de los más grandes grupos económicos del país ya habían triplicado su riqueza. Según denuncian las ONG de derechos humanos en Colombia, su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como centralización del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades democráticas. Según la Asociación de Familiares Desaparecidos (Asfades) se supera la cifra de 7.300 desaparecidos en Colombia desde 1977. Sin embargo Gloria Gómez, directora de esta asociación, indica que la cifra real podría superar los 15.000, dado que en muchas ocasiones las familias no denuncian por miedo a las posibles represalias. Para Asfades, el principal actor represivo en Colombia es el paramilitarismo, seguido por el Ejército y de lejos la insurgencia. Uribe ha extraditado a delincuentes comunes y a presuntos guerrilleros hacia EE UU, pero se comprometió a no extraditar a los paramilitares, es decir, a los más peligrosos miembros del crimen organizado.
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